Recientemente, parecería que ha surgido un cierto interés -al menos desde algunos ámbitos - por explorar la implementación de jornadas laborales más cortas, particularmente la jornada laboral de 4 días semanales e incluso la de 4 horas diarias-. Las jornadas laborales más cortas son modelos que para su promoción y búsqueda de apoyos sus impulsores lo asientan básicamente en destacar que mejoran la calidad de vida de los trabajadores y aumentan la productividad.
Ambas propuestas han sido promovidas, además de por lo ya señalado, por otros posibles beneficios como podrían ser la mejora de la salud mental y física de los empleados, y un aumento en la concentración y eficiencia durante las horas laborales. Sin embargo, presentan desafíos muy significativos, como la necesidad de asegurar que la reducción de horas no afecte negativamente a los ingresos de los trabajadores, o los costes de las empresas, la reorganización de turnos, y el mantenimiento de la productividad y la continuidad del servicio.
Además, la implementación de estos modelos plantea cuestiones muy relevantes sobre su viabilidad económica y su impacto en distintos sectores y en la economía en general. En cualquier caso el debate sobre la jornada laboral continúa generando muchas preguntas y cuestiones a responder de forma satisfactoria, ofreciendo una base para considerar los pros y contras de cada modelo
Algunos estudios, muy preliminares, sugieren que los empleados podrían ser más productivos en jornadas más cortas, ya que el tiempo limitado obligaría o promovería a una mayor concentración y eficiencia durante las horas laborales; pero al mismo tiempo para algunos trabajadores, una reducción de horas podría significar una reducción en sus ingresos, lo que puede no ser viable para todos. Asimismo, las empresas que dependen de horarios extensos o que tienen una alta demanda de servicio continuo pueden encontrar muy difícil y poco realista adaptar sus operaciones a jornadas más cortas.
Quizás, como punto de partida para este debate, puede resultar interesante la comparativa con la UE, que muestra que España en esta comparación con otros países europeos no parece que nos encontremos muy alejados, de hecho la media nos sitúa en 36,4 horas semanales, y que aunque una reducción no tan drástica podría quizás , y dependiendo del sector e incluso del tipo de empresa, sugerir ciertos aspectos positivos, su implementación y los resultados varían ampliamente según el contexto, cultura, tradición y consistencia de los acuerdos, componentes muy necesarios de calibrar y tomar en cuenta.
Así, los países con menos horas de media trabajadas, como Países Bajos y Alemania -aunque como decimos España está en una media de 36,4-, podría sugerirnos, en principio, que una reducción adicional de la jornada laboral podría alinearse con tendencias vistas en otros países europeos con menos horas trabajadas y mayores niveles de productividad y/o bienestar, pero sin olvidar o teniendo en cuenta que un ajuste de este tipo por sí solo no es la solución, ya que si profundizas en el mercado laboral y análisis económico y social de estos países también aparecen otras palancas de su eficiencia y eficacia como son las diferencias culturales, educación, incentivos, acuerdos robustos dentro de la negociación colectiva y otras serie de componentes que necesariamente deben ir de la mano para que esta solución tenga visos de conseguir los objetivos y efectos positivos que pudiera perseguir.
En línea con este debate, la reciente propuesta de reducir la jornada laboral de 40 a 38,5 horas este mismo 2024 y a 37,5 horas semanales a partir de 2025, ha generado un intenso debate. Según expertos, esta medida podría restar 2,6 puntos al crecimiento del PIB y 3,4 puntos al del empleo en los próximos cinco años, con una creación de 722.000 empleos menos de lo previsto.
Otros estudios, como el del BBVA research lo sitúan en que implicaría un aumento de los costes laborales unitarios del 1,5%, y restaría en torno a 7 décimas al crecimiento medio anual del PIB durante dos años y 8 al del empleo. Las empresas, obligadas a asumir aún mayores costes laborales, podrían reaccionar elevando precios y frenando la contratación; o abocándose a cierre en el peor de los escenarios para algunas de ellas. Por tanto, y aunque en principio diversas fuentes, básicamente miembros del Gobierno y sindicatos, defienden que la reducción de jornada mejorará la productividad y creará empleo, muchos otros analistas advierten que la implementación inmediata y sin la flexibilidad necesaria para negociar adaptaciones podría tener efectos muy negativos en la economía española.
La respuesta de las empresas sería muy heterogénea, con algunas adaptándose mejor que otras, pero la falta de medidas tributarias y de política económica que mitiguen el impacto aumenta la incertidumbre sobre los resultados finales de esta política y, sin ninguna duda, quiénes más se verían afectadas serían las pymes.
Asimismo, para que este debate fuera completo sería interesante saber cuáles son las opiniones de los trabajadores, con toda la información de cómo le podría afectar o no este tipo de ajustes y sin olvidar que quizás habría que comenzar, en un primer paso, por el debate e implementación de medidas en el ámbito de la productividad, por sectores y tamaño de empresas, para llegar al objetivo deseado por todos los actores de este proceso.