Hace apenas un par de meses, el aún gobernador del Banco de España defendía en el Congreso la necesidad de adoptar medidas encaminadas a paliar los efectos perniciosos que el envejecimiento de la población española tiene sobre el sistema público de pensiones.
Es pernicioso porque el dinero que empresas y trabajadores cotizan hoy a la Seguridad Social no se guarda para pagar nuestras pensiones del día de mañana, sino que directamente se utiliza para pagar las pensiones actuales. Así, cuantos más sean los pensionistas que cobran del sistema público de pensiones en un momento dado, más se tendrá que aportar en ese momento para mantener las pensiones en el mismo importe. Si no fuera así, y se aportara igual, al repartirse la misma cantidad de dinero entre más jubilados, éstos cobrarían menos por término medio.
En este sentido y, según datos del INE, nuestro país cuenta en estos momentos con cuatro personas entre los dieciocho y los sesenta y siete años por cada persona mayor de esa edad. Es decir, cuatro personas en edad de trabajar para pagar una pensión. A lo largo de los próximos años pasaremos a una proporción de poco más de dos personas, en el mismo rango de edad, por cada jubilado.
Lo que quiere decir, grosso modo, que habrá la mitad de personas en edad de cotizar para pagar cada una de las pensiones. Y llegados a este punto, solo existen tres soluciones posibles.
La primera es que se aporte el doble, vía cotizaciones e impuestos, manteniendo las pensiones al mismo nivel. La segunda es que los pensionistas cobren la mitad mantenido unos aportes similares. Y la tercera es una combinación de las dos primeras. Esto es, que parte lo asuman los cotizantes y parte lo asuman los jubilados.
La segunda es que los pensionistas cobren la mitad mantenido unos aportes similares. Y la tercera es una combinación de las dos primeras. Esto es, que parte lo asuman los cotizantes y parte lo asuman los jubilados.
Como decíamos, Hernández de Cos advertía del peligro que supone, para el conjunto de la economía y sobre todo para el empleo, que el incremento de las pensiones sea sufragado íntegramente por incrementos en las aportaciones de empresas y trabajadores. Ya se realicen estos incrementos vía cotizaciones o vía impuestos.
El caso es que, si aumenta la proporción de pensionistas, sin incrementar las aportaciones, nos veremos abocados a una reducción en el importe medio de las pensiones. Y de ahí el título del artículo. Porque podemos tener la tentación de pensar que esto no pasará jamás. Que el gobierno no puede recortar en pensiones por el coste electoral que ello tendría.
Pero lo cierto es que ya ha pasado, al menos en dos ocasiones, en el pasado reciente. En 2011, durante el mandato de Zapatero, se amplió la edad de jubilación de los 65 a 67 años, se ampliaron los años observados de 15 a 25 y se aumentó de 35 a 37 los años cotizados necesarios para poder cobrar el 100% de la pensión. Todo ello se tradujo en un recorte de cerca del 25% del importe medio de las pensiones.
Más adelante, en 2013 y gobernando esta vez Rajoy, se introdujeron el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización que reducían las pensiones en cerca de un 15% adicional. Ahora, de lo que se empieza a hablar es de la tasa de reemplazo. Esta tasa es el porcentaje que supone la pensión sobre el último sueldo y en España está alrededor del 80%. Éste está entre los porcentajes más altos de la OCDE según el informe "Pensions at a glance 2023".
Para hacernos una idea, la media europea está según el mismo informe, por debajo del 65%. De ahí que exista el riesgo de que nuestros políticos puedan considerar que existe suficiente margen de maniobra e intenten recortar por ahí. Yo no entraré en si es mejor recortar las pensiones y afectar a los pensionistas o subir las cotizaciones y afectar a la competitividad y el empleo. Y no lo haré porque esa disyuntiva requiere de un análisis mucho más profundo de lo que permite este artículo. En lo que sí entro es en lanzar este aviso a navegantes.
Más vale estar prevenidos y contar con planes de contingencia por si, para cuando nos jubilemos, nuestros ingresos públicos caen por debajo de lo que necesitamos para sobrevivir.
