La más que previsible suspensión del Pleno de investidura de Salvador Illa de este jueves, una vez que se produzca la detención pactada de Carles Puigdemont, no significa que el acuerdo firmado entre el PSC y ERC se desactive.
El nombramiento de Illa podrá retomarse la semana próxima. Además, aunque la futura aprobación del texto en el Congreso será muy difícil, el Gobierno ya se anticipa a ese escenario previniendo un amplio margen de tiempo para desplegar las medidas acordadas con Esquerra.
Es por ello que debe ser aún prioritario denunciar los flagrantes perjuicios que la decisión de crear un concierto tributario catalán supondrá para todos los ciudadanos españoles. Como Fedea avisa, la inevitable merma de recursos que supondría la salida de Cataluña del régimen común de financiación tendrá que compensarse con un incremento de los impuestos, especialmente del tramo estatal del IRPF, de casi del 30% a escala nacional.
Solo de ese modo se explica que Hacienda vea compatible la cesión a la Generalitat de la gestión íntegra de los impuestos -al tiempo que se reduce un 41% su aportación al resto de territorios-, preservando la cuantía de los recursos que actualmente reciben las demás autonomías.
Si no recurriera a las alzas de los impuestos, el sistema únicamente se sostendría promoviendo cuantiosos recortes del fasto que afectarían a partidas tan sensibles como las pensiones. Es por completo descartable que ningún Ejecutivo asuma el coste de una medida tan impopular, por lo que todos los caminos confluyen en un mayor esfuerzo fiscal de empresas y trabajadores. Las cesiones a Esquerra tendrán así un inaudito coste fiscal que tendrán que desembolsar todos los españoles.
