Las empresas afectadas por el impuesto extraordinario creado con motivo de la crisis inflacionista de 2022 mantienen su batalla legal contra esta tasa y exigen devoluciones.
Es una reivindicación legítima frente a un tributo que grava los muy discutibles beneficios extraordinarios que el Gobierno atribuyó a bancos y energéticas, y que choca con la normas española y comunitaria. Pero Hacienda se empecina en cerrar los ojos a esa realidad y responde con inspecciones, al tiempo que mantiene la amenaza de hacer permanente el impuestazo, pese a que los Presupuestos de 2025 están en punto muerto. Solo contribuirá así a prolongar la batalla legal en torno a un tributo injustificable desde el punto de vista económico, que amenaza con perpetuarse por razones ideológicas.
