El Gobierno rectifica el severo endurecimiento que aplicó a las condiciones para despedir a un trabajador que esté ya disfrutando, o simplemente haya solicitado una adaptación de su jornada laboral. Lo hace de un modo inesperado en dos sentidos.
Por un lado, ningún experto preveía un cambio de esta índole y, de hecho, el Ministerio lo camufla en la Ley de Paridad. Por otro, aún más improbable resultaba que la vicepresidenta Díaz hiciera un gesto a las empresas después de años de buscar intencionadamente el choque con las patronales. Más allá de las formas elegidas, lo cierto es que esta rectificación era necesaria. La adaptación de jornada, conservando el mismo sueldo, es un recurso al alcance de quienes buscan conciliar su labor con el cuidado de sus hijos o de un familiar enfermo o discapacitado, redefiniendo el reparto de sus horas o beneficiándose de periodos de teletrabajo.
Ahora bien, desde 2023, la mera solicitud de la adaptación de jornada bastaba para declarar automáticamente nulo un despido. De este modo, se creó una nueva picaresca consistente en que un número creciente de trabajadores hacían uso de esta posibilidad, no por necesidades de conciliación, sino para procurarse un blindaje cuando percibían la amenaza de ser despedidos.
En paralelo, las empresas se veían desarmadas a la hora de prescindir de empleados que incumplen de manera clara y culpable con sus obligaciones. El paso dado por el Gobierno permite combatir este tipo de fraude y se enmarca en una sintonía con las empresas que debería ser la norma. Ahora bien, los pasos que Díaz pretende dar hacia el endurecimiento de las indemnizaciones por despido, o la imposición de la jornada de 37,5 horas, impiden ser optimistas.