Madrid
Si la Comunidad Valenciana y Murcia son las dos autonomías peor financiadas, ¿por qué Sánchez crea una financiación singular para Cataluña y pasa del resto?, ¿no es el Gobierno de todos los españoles? Las concesiones a los independentistas de Marta Rovira para investir a Salvador Illa son un movimiento a la desesperada para mantenerse en el poder. Una pataleta para alargar durante un tiempo, quizá un año, su estancia en La Moncloa.
Las cesiones van desde la soberanía fiscal para recaudar todos los impuestos a la reivindicación histórica de una cogestión del aeropuerto de El Prat. ¿Va a hacer lo mismo con Barajas o Son Sant Joan, en Palma de Mallorca?
Sus promesas rompen el principio de igualdad recogido en la Constitución. Por eso no es extraño que el presidente de Castilla y León, Alfonso Mañueco, una de las autonomías más perjudicadas, anunciara "una batalla legal sin precedentes" o el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, haya dicho "basta, hasta aquí hemos llegado".
Sánchez asegura que el acuerdo es muy positivo para Cataluña y para España. Pero la realidad es muy diferente, supondrá otorgar más recursos a una autonomía rica en detrimento de las más pobres. ¿Qué pasaría si Madrid hiciera lo mismo?
El concierto catalán incrementaría hasta en 27.000 millones sus recursos a costa de los demás
El Gobierno de Pere Aragonès presentó un nuevo modelo de financiación antes de las elecciones autonómicas, en el que cifra en 52.000 millones la recaudación del Estado en Cataluña y en 25.160 millones lo que se quedan en la autonomía, es decir, menos de la mitad. El nuevo esquema supondría un incremento del dinero gestionado en unos 27.000 millones, lo que equivale nada menos que al 10% de toda la recaudación del Estado el año el pasado.
El pacto señala que se excluirá una cantidad para financiar los servicios que presta el Estado y una cuota de solidaridad. Pero no cuantifica ni lo uno ni lo otro, por lo que habrá que estar atentos a las negociaciones que se celebren de aquí a 2025. Pero como, quien parte y reparte se queda con la mejor parte, las cantidades reservadas para el Estado serán muy inferiores a los que ahora recibe.
La consellera de Economía, Natalia Mas, evaluó en 22.000 millones el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre lo que Cataluña aporta al Estado y recibe de éste. Si esa cantidad hubiera que detraerla de los fondos que percibirán las autonomías (134.225 millones en 2023), supondría restarle una sexta parte de la financiación. Se trata de un cálculo aproximado y si ningún rigor, ya que el documento no facilita dato alguno sobre la aportación que debería hacer al Estado después de recaudar los impuestos.
El compromiso si hace hincapié en la ordinalidad, es decir en que Cataluña reciba lo mismo que aporta. A primera vista, su aplicación supondría una merma importante de los recursos destinados a todas las autonomías, con excepción de Madrid y de Baleares. Sobre todo, las más pobres, como las dos castillas y Extremadura, Andalucía, Cantabria, Asturias e incluso Aragón. Todas reciben mucho más de lo que aportan.
En el famoso cuadro de Velázquez sobre Las lanzas o La rendición de Breda, el gobernador de la ciudad holandesa, entrega las llaves de la ciudad al general de los tercios de Flandes españoles, Ambrosio Spínola. La secretaria portavoz de ERC, Raquel Sans, reiteró durante la presentación del preacuerdo a la Prensa que la Generalitat tendría las llaves de la caja de la financiación. Pero Aragonés y Rovira tienen un problema, la llave es falsa, jamás van a poder abrirla, porque el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria para realizar los cambios legislativos necesarios.
Aunque los independentistas y los socialistas aseguran que sólo requeriría modificar la Ley de Financiación Autonómica (LOFCA) y la Ley de Cesión de Tributos, la mayoría de los expertos consultados consideran que obligaría a cambiar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que reserva la recaudación de los impuestos al Estado, pese a que contempla una Agencia Tributaria propia.
El compromiso es, en realidad, una copia de mala calidad del Concierto Económico vasco. La Agencia Tributaria catalana desempeñaría el papel que las diputaciones vascas, sólo que sin un Cupo y sin potestad para fijar los tributos y con una contribución a la solidaridad del resto de autonomías.
Las singularidades vasca y navarra están recogidas en la disposición transitoria segunda de la Constitución. Lo peor es que el pacto vulneraría el principio de solidaridad interregional y los de igualdad recogidos en los artículos 2 y 148 de la Carta Magna. Un magnicidio en toda regla.
El Gobierno carece de apoyos suficientes hasta para modificar la LOFCA, ya que requiere mayoría absoluta del Parlamento, y Junts, entre otros partidos, se han pronunciado en contra.
Sánchez calificó en su balance de fin de curso de "magnífico" el principio de acuerdo y apostillo que es un "paso hacia la federalización". En realidad, es un salto a la bilateralidad, porque la Generalitat tendría casi los poderes que el Estado, lo que no deja margen para que otras autonomías sigan sus pasos.
El Gobierno carece de mayoría para aprobarlo, es una pantomima para alargar su poder
Afortunadamente, esta vez todo quedará en una pantomima, ya que aunque Salvador Illa salga investido, no tendrá el respaldo parlamentario para aprobar los cambios. Por eso, ahora lo que más preocupa es la posible vuelta de Puigdemont el mismo día de la investidura y su encarcelamiento, que puede volver a polarizar la sociedad catalana durante los próximos meses.
Después del nerviosismo y el enfado mostrado por el presidente en su comparecencia esta semana para hacer balance del año, cada vez que le preguntaban por su esposa, Begoña Gómez, todo apunta que estamos en una huida hacia adelante para alargar los tiempos de la legislatura, hasta que reviente por alguna parte. Y no les quepa duda que lo hará, con los presidentes autonómicos soliviantados y Puigdemont en la oposición o en la cárcel, Sánchez lleva camino de quedarse más solo que la una después de entregar a Aragonès la llave de la caja de la financiación.