El próximo martes, 23 de julio, hará un año desde las pasadas elecciones generales y la falta de medidas legislativas ha sido la nota habitual de lo que va de legislatura. Esta parálisis ha afectado especialmente a medidas de ámbito económico.
No en vano, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sólo ha sido capaz de sacar adelante dos normativas. En concreto, la ley de Paridad y la reforma del subsidio del desempleo. Esta última es un claro ejemplo de los problemas que el Ejecutivo tiene para lograr el apoyo de sus socios de investidura a las medidas, ya que el rechazo de Podemos obligó a que la reforma fuera aprobada en la Cámara Baja en su segundo intento.
Es más, la sequía parlamentaria ha forzado al Gobierno a exprimir las pocas iniciativas que ha sacado adelante para colar otro tipo de enmiendas. De hecho, en la ley de Paridad se introdujo una medida para arrebatar la capacidad de veto fiscal al Senado, en una maniobra poca ortodoxa que el PP recurrirá al Constitucional. En este contexto, resulta difícil atisbar cómo el Ejecutivo será capaz de impulsar diez leyes y medidas que debían -según sus planes iniciales- estar ya aprobadas.
Así, al naufragio de los presupuestos de 2024, se suman las quitas a las autonomías con el FLA, la ley del suelo, la reducción de la jornada laboral o la prórroga de los impuestos a banca y energéticas, entre otras medidas. Con todo, lo más grave es que los Presupuestos del próximo año están más que en el aire debido a que quedan pocas cesiones ya que ofrecer a los partidos que sostienen al Ejecutivo. Todo apunta, por tanto, hacia una legislatura al ralentí, que puede terminar antes de tiempo y sin reformas que sirvan para sanear e impulsar la economía.