Los resultados de las elecciones europeas han desembocado en reeditar el tradicional acuerdo entre populares, socialdemócratas y liberales. La caída en escaños de los dos últimos grupos se ha visto compensada, aunque no en su totalidad, por el incremento de parlamentarios del Partido Popular, ganador incontestable de las elecciones en España y en el conjunto de la Unión Europea. Parece claro que, con independencia del número de votos exactos que alcancen en la Eurocámara, Ursula von der Leyen será reelegida presidenta de la Comisión, Antonio Costa del Consejo y Kaja Kallas se situará al frente de la diplomacia europea.
Las críticas contra este consenso no han tardado en producirse, pero la más lacerante fue la de Giorgia Meloni, al afirmar que se trata de un acuerdo hecho de espaldas a la voluntad de los electores, pues el avance de los conservadores, de los que la primera ministra italiana se erige como la líder indiscutible, y el más preocupante de los euroescépticos populismos de derechas, se explican porque estas elecciones han supuesto una contestación muy nítida de los votantes a una burocracia asfixiante, a una política energética y medioambiental incomprensibles y a una más que mejorable gestión de la inmigración. En resumen, se ha dado respuesta con el voto a un intervencionismo construido en los despachos de Bruselas que los ciudadanos perciben, en lugar de como un beneficio para sus vidas, como una amenaza.
Este análisis nos lleva necesariamente a pensar que la nueva Comisión y el Consejo se replantearán los calendarios, y algunos de los contenidos de las políticas que han sido la piedra angular de su acción de gobierno en las últimas legislaturas y, sobre todo, les conducirá a ser muy conscientes de los retos que se abren ante nosotros, porque en parte son distintos y, porque en todo caso, las circunstancias para trabajar en pos de unos objetivos han cambiado respecto a las que se daban con anterioridad a 2019.
La crisis financiera de 2008, la invasión rusa de Crimea y después de Ucrania, la pandemia y la subida de precios han ido definiendo un "orden mundial" nuevo, caracterizado por la inestabilidad y el proteccionismo, en el que deben tomar sus decisiones las nuevas autoridades de la Unión. Los retos son muchos, porque los europeos no tenemos asegurada nuestra protección, ni el suministro energético a precios competitivos, tampoco el acceso a los minerales imprescindibles para el cambio tecnológico, ni el libre acceso a las cadenas de valor y, si pudiéramos pensar que a todo o a parte de esto podemos tenerlo, sería después de establecer acuerdos comerciales con algunos países de dudosa fiabilidad. Por otra parte y, desde un punto de vista político, hay que decidir si queremos que Europa juegue como actor global, mejorando la integración de nuestra industria de la defensa y haciendo que las capacidades militares comunes dejen de ser inexistentes, o muy limitadas y, desde el punto de vista económico, resolver la falta de competitividad a la que nos llevan nuestros propios errores.
En este sentido, conviene tener presente que el PIB per cápita europeo es en la actualidad poco más del 50% del de EEUU y, desde la primera década de los años 2000, hasta hoy, el primero ha crecido poco más de 11.000 dólares y el segundo casi 30.000. Esto puede explicarse desde muchos puntos de vista, pero el más relevante es el de la productividad provocado por el retraso europeo en los sectores tecnológicos. Es frecuente escuchar a los líderes europeos decir que debemos tener la capacidad de competir tecnológicamente con EEUU y China, pero lo cierto es que no hay empresas europeas entre las más importantes del mundo, tampoco entre las startups valoradas en 1.000 millones de dólares (los conocidos como unicornios) y la numerosa normativa sobre asuntos digitales surgida de las instituciones europeas, incluida la Ley de Mercado Digitales, que entró en vigor en marzo de este año, no ha impedido que haya que tener presente la regulación de cada uno de los países si una empresa digital quiere prestar su servicio en todo el continente.
Alcanzar los retos que tenemos por delante en estas nuevas circunstancias no es tarea fácil, pero hacerlo implica, no sólo por lo expresado por los europeos en las urnas, más Unión Europea, no menos, lo que nos compromete a hacer políticas menos intervencionistas. El proyecto de la Unión consiste en ceder soberanía, pero no para perderla en favor de Bruselas, sino para compartirla y ejercerla corresponsablemente. Uno de nuestros principales activos es un mercado de 450 millones de consumidores en el que está garantizada la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales y a garantizarlas deben dedicarse las próximas autoridades, sabiendo que es imprescindible ganar autonomía industrial y estratégica, con todo lo que eso lleva consigo y eliminar las barreras que torpedean el libre comercio, porque nuestro enemigo no es la libertad, sino los iliberales.