La reducción de la jornada laboral que propugna la ministra Yolanda Díaz, especialmente si se mantiene en los términos que el Ministerio de Trabajo ha presentado a los agentes sociales, es rechazada por los empresarios. Una posición lógica ante el impacto que las empresas sufrirán en su competitividad y en su capacidad para contratar si se las obliga a reducir su tiempo de trabajo, pagando los mismos sueldos.
No en vano, la patronal Cepyme calcula que el 75% de los asalariados cubiertos por la negociación colectiva se verán afectados por la reducción de la jornada, es decir, más de 13 millones de trabajadores. Pero este efecto negativo será aún mayor en sectores conformados por un mayor número de asalariados que trabajan por encima de las 37,5 horas semanales en cómputo anual, el objetivo que persigue Díaz con su medida.
En concreto, la reforma afectará a la práctica totalidad de trabajadores dedicados al turismo o el campo, que suman un total de 3,7 millones de personas. En estas actividades es donde existe una mayor proporción de asalariados con una jornada pactada superior a la cota que persigue alcanzar la ministra de Trabajo ya el año próximo. Esto responde a la propia naturaleza de la actividad agrícola o turística, que exige una mayor carga de trabajo en periodos determinados del año, lo que hace inviable la reducción por decreto de la jornada laboral, si no se acompaña de medidas paliativas como elevar el límite permitido de horas extraordinarias.
El Gobierno debe tener en cuenta las características propias de cada sector a la hora de implantar la reforma. Si no lo hace generará un duro golpe en sectores que son fundamentales para la economía y para el mercado laboral.
