La investidura de Salvador Illa como presidente de Cataluña depende de los 20 votos de ERC. Con el fin de lograr su apoyo, el Gobierno ofrecerá a los republicanos una "financiación singular" para Cataluña, lo que permitiría al Ejecutivo autonómico controlar hasta el 100% de los impuestos frente al 9% actual.
En cifras, este concierto fiscal haría que la Generalitat gestionará hasta 52.700 millones, si el Estado cede la totalidad de los tributos que se recaudan en la comunidad. Dicha medida daría lugar a un agujero en las arcas del Estado que Fedea cifra en 14.000 millones.
Además obligaría a renunciar al principio de igualdad, creando una España a dos velocidades y afectando negativamente a servicios públicos básicos, como sanidad y educación, en el resto del país. Por si fuera poco, el argumento de los independentistas de que Cataluña debe recibir lo mismo que aporta no se sostiene por ningún lado, ya que ello condenaría a las regiones más pobres del país.
Es cierto que, de momento, los socialistas no ofrecen a Cataluña un 'cupo' como el que rige en el País Vasco, sino un consorcio fiscal en el que el Estado y la Generalitat participarían en igualdad en la recaudación, gestión y control de los tributos. Pero incluso así supondría un salto enorme en el volumen de recursos que se ponen en manos de un autonomía, que además no se ajusta al ordenamiento jurídico.
Ello debido a que la legislación española no permite la cesión total o parcial de tributos que son competencia del Estado, como Sociedades. Queda así claro que el trato de favor que el Gobierno quiere dar a Cataluña a cambio de un puñado de votos para hacer president a Illa es insostenible tanto desde un punto de vista económico como jurídico.
