Yolanda Díaz no quiere demorar más una de sus propuestas estrella, la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas. El afán de Díaz por presionar a patronal y sindicatos para que alcancen un acuerdo al respecto se debe a su interés por mejorar su posición en el Ejecutivo, ahora muy dañada por los últimos batacazos electorales de Sumar.
El único objetivo de defender su poltrona le lleva a tratar de acelerar una medida que supondría un nuevo golpe para la productividad de las empresas, ya que el recorte de la jornada no implica merma salarial. Precisamente la baja productividad es la variable que impide a España recuperar la brecha respecto al resto de la UE en PIB per cápita.
Pero eso no parece importar a la vicepresidenta del Gobierno que ya ha dicho que legislará por su cuenta sin los agentes sociales no alcanzan un pacto. Ante esta situación, CEOE y Cepyme presionan para, al amenos, retrasar la reducción de la jornada a 2026. Una demora que sería oportuna primero para que las propias empresas se preparen ante este nuevo golpe a su competitividad. Pero también para resolver las dudas que implica aplicar el recorte de la jornada en trabajos irregulares que demandan más trabajo en temporadas altas, como puede ser el sector turístico, o el agrario, donde en los periodos de recolección se requiere la realización de más horas.
A todo ello hay que sumar la derivada que supone la reducción de la jornada en la ampliación del número de horas extras que se pueden trabajar, que es otra de las cuestiones que también están sobre la mesa del diálogo social. Todo ello refleja que la demora que pide la patronal es más que adecuada en aras de reducir el impacto negativo de la reducción de la jornada en las empresas.
