Existe una norma política no escrita de que no se proponen subidas de impuestos antes de unas elecciones. Pero, como toda norma, ésta también tiene sus excepciones. Es decir que hay quién propone subir impuestos en época electoral, y no espera que la idea le reste votos. Esto tiene que ver con quién se cree que paga el nuevo impuesto, o la subida de los existentes. Y sí, han adivinado correctamente, si el impuesto parece que lo van a pagar los ricos o las grandes empresas, igual el argumento hasta funciona políticamente.
El punto clave de todo esto es quien "parece" que acaba pagando un impuesto. Por ejemplo, el IVA lo ingresan las empresas, pero se lo repercuten a los consumidores que son los que acaban soportando realmente el impuesto. Esta cuestión no está tan clara. Y en el pasado hubo rebajas del IVA, por ejemplo, en el cine, en el que la rebaja no se tradujo en una reducción del precio. Esto quiere decir que la rebaja engordó el margen del distribuidor. Ésta es una cuestión clave que estamos estudiando en el foro de fiscalidad de EsadeEcpol. Pero, una cuestión es quién paga realmente los impuestos, y otra distintas quién se cree el público que los paga.
Como el ciudadano se cree que la rebaja del IVA ha paliado la subida del precio de algunos alimentos, la cuestión de la eventual prórroga del IVA rebajado a algunos de ellos, y que caduca el próximo 30 de junio, todavía no se ha abordado. Pero, seguimos sufriendo un proceso inflacionista, más intenso que en otros países de Europa, que está incidiendo, especialmente, en muchos productos básicos de la cesta de la compra. Por cierto, tener más inflación es uno de los factores que lleva a que la recaudación de impuesto en España también esté yendo mejor. Aquí, también hay que tener en cuenta, por ser justos, que estamos creciendo más y creando más empleo, y también, que se ha producido una reducción de la economía sumergida, ligada al auge los pagos por vía electrónica (y a la informatización de nuestra Administración Tributaria).
Esto podría dar lugar a algún margen fiscal, que no hiciese imprescindible una subida de impuestos a corto plazo, en plena campaña de elecciones europeas. Sin embargo, en esta última semana, hemos conocido dos propuestas. Una de ellas, es el nuevo tipo mínimo del 15%, que grava el beneficio de las muy grandes empresas. Con este proyecto de ley recién aprobado, según ha manifestado el Ministro de Asuntos sociales, Pablo Bustinduy, "se podría obtener una recaudación adicional de más de 5.000 millones. Es lo justo. No puede ser que las PYMES paguen sus impuestos y las grandes empresas no." La segunda gran propuesta es la de un impuesto a las distribuidoras, que en palabras de la Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, "se están forrando", y que, "en nuestro país quien no paga impuestos son los que se están forrando (sic)".
En la presentación de todas estas medidas, sería deseable que, especialmente desde el gobierno, o de los partidos que lo forman, no se den mensajes que no ayudan en nada a la conciencia fiscal. El eslogan de que los ricos y las grandes empresas no pagan sus impuestos no se ajusta a la realidad, y no ayuda, precisamente, a convencer a los españoles de que deben pagar sus impuestos, la medida anti-fraude más importante de todas. Pongamos algunos datos, el IRPF recaudó en 2023, más de 120.000 millones de euros, más del 45% de la recaudación total de la Agencia Tributaria. Según datos del informe anual del Banco de España, la primera decila de renta, es decir el 10% de los españoles más ricos, ingresó el 55% del IRPF. En este 10% no todos son millonarios, pero todos los ricos están ahí, y no se puede decir que no paguen impuestos. Por supuesto, es perfectamente legítimo creer que deberían pagar más, pero no decir que no pagan porque simplemente no es cierto.
En el caso de las empresas, sucede algo parecido, con la diferencia de que el impuesto no es progresivo. Aproximadamente la mitad del impuesto de sociedades lo pagan las empresas que tienen la consideración de gran empresa, que son las que facturan más de seis millones de euros. Las mayores empresas de España, que son las que facturan más de 1.000 millones al año ingresaron el 20% de la recaudación del impuesto de sociedades en España, según los últimos datos disponibles, los de 2021. Es cierto que el tipo efectivo sobre su base imponible fue del 19% frente al 21% general, pero, sinceramente entre eso y que se afirme que no pagan, hay un trecho.
Dicho esto, un mínimo de armonización internacional en el impuesto de sociedades, como este tipo mínimo del 15% sobre el beneficio global, es una buena idea, eso sí muy compleja de ejecutar. Esto que se conoce en jerga como el pilar II de la OCDE es también una directiva europea que España está obligada a transponer. Sin embargo, no me parece en absoluto probable que vaya a dar 5.000 millones de euros de recaudación, y mucho menos en España.
La idea es gravar hasta el 15% el beneficio obtenido por una multinacional en países donde se pague menos. Lo primero que han hecho algunos Estados en los que las empresas pagan muy poco, como Irlanda, es subir el tipo nominal de su impuesto para las empresas afectadas por este acuerdo de la OCDE, del 12,5% al 15%. Como explico en "Y, esto ¿Quién lo paga?" (Debate 2023) Irlanda fue el último país de 136, nada menos, en suscribir este acuerdo internacional, promovido por la Administración Biden para contrarrestar algunos de los efectos de la reforma fiscal de Trump. Esto quiere decir que la eventual recaudación que pueda obtener España dependerá de las decisiones de otros países. Además, todos nos jugamos mucho, también en el ámbito fiscal, en las elecciones norteamericanas, y no sólo sus multinacionales, que son las más importantes del mundo.
Por último, para la aplicación efectiva de este tipo mínimo, de una enorme complejidad, habría que dotar de más medios a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria, especialmente porque esto coincidirá con el enorme trabajo de comprobar las devoluciones derivadas de la anulación por el Tribunal Constitucional del RDL 3/2016, que también tendrá un impacto recaudatorio muy importante.
Para concluir, gravar la distribución con un nuevo impuesto "inteligente" -así lo bautizaba Sumar hace unos meses- quizás no sea, como idea, tan brillante. Sin entrar en la novedosa clasificación entre impuestos "inteligentes" e impuestos "tontos", caben unas cuentas dudas. Entre otras, que se quiere que el hecho imponible sea tener más margen que en 2019. Cuando te enteras del margen del año, ¿Qué haces? ¿Pones un impuesto retroactivo? Pista, esto está prohibido porque es retroactividad en grado máximo.
En cualquier caso, en ese momento pones un impuesto, que si se paga es un coste, y eso significa que los distribuidores afectados subirán precios y márgenes en 2024. Esto es retroalimentar la inflación.
Además, ¿Alguien se ha planteado si esto es compatible con la directiva de IVA cuyo objetivo es armonizar los impuestos sobre el volumen de negocio? Y este impuesto, inteligente o no, es un impuesto sobre el volumen de negocio y no armoniza nada, al contrario...
En resumen, es más que probable que los consumidores acabasen pagando el nuevo impuesto. Y esperemos que dentro de unos años no hubiese otro caso más de devoluciones masivas, como el que contamos la semana pasada. Es bueno debatir de impuestos también en tiempo de elecciones, aunque sólo sea porque la legitimidad de la exigencia de impuestos está en la representación otorgada por los ciudadanos. Pero, alejarse de la realidad y de los límites a la hora de establecer impuestos se acaba pagando, más tarde o más temprano. Ya lo hemos visto.
