El intenso proceso de fusiones a raíz de la crisis financiera de 2008 incrementó el grado de concentración bancaria en nuestro país, superando al presentado por las grandes economías europeas. En concreto, las cinco mayores entidades españolas acaparan casi el 70% de los activos, según el BCE, frente al 50% de Italia, el 46% de Francia, o el 35% de Alemania.
Un porcentaje que aumentaría en gran medida si cuaja la fusión de BBVA y Sabadell. Así, entre el nuevo gigante, CaixaBank y Santander se repartirían el 74% del crédito otorgado a clientes, el 65% de los activos del sector financiero y el 35% de las sucursales. Por si fuera poco, en Cataluña y Valencia, los tres grandes bancos coparían más del 80% de las oficinas bancarias, siendo un tercio de ellas propiedad del grupo que surgiese tras la fusión.
Este alto grado de concentración es uno de los grandes riesgos de la operación. Así lo ha dejado claro el Banco de España y la CNMC, al advertir que si la opa sale adelante ambos bancos tendrán que asumir "compromisos", como ocurrió tras las últimas integraciones (CaixaBank-Bankia y Unicaja-Liberbank). Estos dos organismos, junto al BCE, son los que deben decidir si la fusión generará problemas de competencia y obligar en ese caso a BBVA y Sabadell a desprenderse de activos.
Pero en ningún caso el Gobierno debería recurrir a este argumento, ni a ningún otro, para paralizar la integración en caso de que la opa hostil tenga éxito. La actuacion sería legítima, amparándose en la legislación actual, que permite actuar para preservar aspectos sociales como la inclusión. Pero ello, supondrá un claro ataque al libre mercado, que generaría un importante perjuicio al banco que pudiera resultar de la fusión.