El castigo a los sectores más acaudalados de la sociedad es una norma de este Gobierno. De hecho, los convirtió en los grandes financiadores de las rebajas fiscales destinadas a aliviar el impacto de la inflación en las clases más vulnerables durante la pasada legislatura.
Buena muestra de ello es que España no solo constituye una rara avis al mantener en vigor un anacrónico impuesto como Patrimonio, que solo existe en tres países (Suiza, Noruega y, parcialmente, en Luxemburgo). Es que además, se aplica ese castigo a la mera posesión de riqueza sin compensarlo moderando otros tributos. De hecho, en el resto de territorios donde está en vigor se aplican tipos menores en el IRPF o a las rentas de capital. Por si fuera poco, el Ejecutivo sigue exprimiendo a los más acaudalados con el destope de las cotizaciones y con el Impuesto de Solidaridad con las Grandes Fortunas. En este contexto, los mal llamados ricos toman medidas legales para esquivar tanto la tasa de Patrimonio como la de solidaridad.
Crecen las donaciones entre los más acaudalados para esquivar el pago de Patrimonio y la tasa a las Grandes Fortunas
Con esa idea, los despachos de asesoría fiscal reconocen que se han intensificado las solicitudes de donaciones de padres a hijos o a cónyuges, así como de formalizaciones de pactos sucesorios en las CCAA donde es legalmente posible. Los contribuyentes tratan así de aprovechar las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones vigentes en muchas autonomías para reducir la carga tributaria. Unas maniobras comprensibles ante la voracidad fiscal del Ejecutivo con las rentas altas. Un castigo desmedido que ahuyenta a los inversores extranjeros, que se llevarán su dinero a otros territorios fiscalmente más amables, y que golpea a las personas con más recursos para gastar e invertir, lo que frena el estímulo económico.