Uno de los objetivos del Ejecutivo para la actual legislatura era resucitar el plan de pensiones de empleo de los trabajadores públicos. Dicho vehículo de ahorro complementario para los funcionarios de la Administración General se lanzó a comienzos de siglo y cuenta con 502.514 partícipes, pero en 2011 se cerraron las aportaciones del Estado por la crisis. El problema es que la prórroga de los Presupuestos de 2024 paraliza la intención de resucitar dichas aportaciones al plan. Esto supone una incongruencia ya que mientras el Gobierno anima a varios sectores a crear sus propios vehículos de empleo colectivos, la administración no ejerce su condición de empleador en el que en la actualidad es el mayor plan en vigor de estas características que existe en España.
