La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reclamado al PSOE en el marco de la negociación de los Presupuestos de 2024 acabar con la exención del IVA a la educación y la sanidad privada. Considera "una injusticia fiscal" que estas actividades no paguen este tributo. Una medida que supondría un incremento de más de 3.000 millones para las arcas públicas y que, con lógica, rechazan ambos sectores. Una posición comprensible, ya que aplicar un golpe del 21% del IVA perjudica a las empresas. En el caso de la Sanidad, la vicepresidenta no tiene en cuenta que esta actividad está compuesta por muchos profesionales autónomos que poseen pequeñas clínicas o consultas y a los que el alza impositiva puede abocarlos al cierre de sus negocios. Lo mismo ocurre en el sector educativo, donde alegan que el alza impositiva pone en peligro la supervivencia de muchos colegios privados y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
Pero el impacto negativo de esta iniciativa de Díaz no se queda solo en las empresas. Los ciudadanos también se verían afectados por ello, ya que la medida es un nuevo ataque a la libertad de elección de las familias en el ámbito educativo, que es un derecho recogido en la Constitución. Igual de grave es que la subida de costes que acarreará en la sanidad privada repercutirá en mayor medida en los pacientes. Esto provocará que muchos regresen al sistema público, lo que aumentará las listas de espera y el colapso que la Sanidad sufre desde la pandemia, obligando a un mayor gasto público que se comerá el alza recaudatoria. Todo ello deja claro que los ciudadanos, las empresas y las propias arcas públicas serán los grandes perjudicados del golpe fiscal populista que Díaz plantea por claros motivos electoralistas.
