En las últimas semanas, la región costera de Galicia se ha visto afectada por un preocupante incidente medioambiental: la llegada masiva de pequeñas bolitas de plástico, conocidas como pellets, a sus costas. Este desastre ecológico comenzó el 8 de diciembre, cuando el buque mercante "Toconao" perdió varios contenedores durante su travesía por aguas portuguesas, liberando al mar unas 26 toneladas de diminutas bolas blancas. A partir del 13 de diciembre, diversos informes ciudadanos y de asociaciones ecologistas alertaron sobre la presencia de estos pellets en las playas gallegas.
La situación adquirió mayor gravedad el 20 de diciembre, momento en el cual se desató una disputa entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Xunta de Alfonso Rueda, el motivo: no existió comunicación oficial para asumir las funciones de seguimiento, control y retirada.
La Comisión Europea ha advertido de la amenaza que supone el vertido para el medio marino y las actividades de pesca que, consecuentemente, podrían derivar en problemas de salud alimentaria por consumos de pescados o mariscos. Ante la magnitud del problema, Galicia activó el nivel 2 de alerta por el vertido de pellets, permitiendo la intervención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Dicha medida también se ha tomado por el Principado de Asturias y por Cantabria, lo que posibilita la ayuda estatal para la asunción de las funciones de retirada de los pellets.
El inicio de un procedimiento penal: la búsqueda de responsabilidades.
La respuesta legal a este desastre no se hizo esperar. El 8 de enero, la Unidad Especializada en Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado inició diligencias de investigación sobre el vertido, al considerar que los materiales presentaban indicios de toxicidad y no eran biodegradables.
Por su parte, la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Noia incoó Diligencias Previas en virtud de la denuncia presentada por el partido político Podemos, así como la denuncia presentada conjuntamente por Fundación Montescola, Ecologistas en Acción y Plataforma pola Defensa do Mar Comarca Muros-Noia (PLADEMAR).
Ambas denuncias se acumularon en un mismo procedimiento, y el 10 de enero se dictó auto por el que se admitía la personación de los denunciantes en calidad de acusación popular dado que "a pesar de los intereses particulares que puedan resultar afectados, los hechos objeto de investigación en el presente procedimiento podrían ser indiciariamente constitutivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, en el que entran en juego intereses supraindividuales o institucionales que legitiman su intervención".
En este contexto, se solicitó la intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para recabar información sobre la pérdida de la carga, la titularidad de la embarcación "Toconao", la composición y posible toxicidad de los pellets vertidos, así como su alcance.
Delito contra el medio ambiente y los recursos naturales: ¿supuesto típico?
El análisis jurídico se centra en el artículo 325 del Código Penal, que castiga al que "contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos […] en las aguas marítimas, incluido el alta mar […] que cause o pueda causar daños sustanciales". Así, establece tres requisitos para que la conducta sea típica: la acción del vertido, la contravención de la normativa medioambiental y la producción de un daño sustancial al medio ambiente. En este contexto, el vertido de pellets se ajusta a la definición de precepto y, cabe mencionar, la ausencia de intencionalidad no excluye la responsabilidad penal, ya que se permite la comisión mediante imprudencia grave.
En cuanto a la contravención de alguna normativa, huelga decir que el transporte marítimo de este tipo de materiales requiere del cumplimiento de una extensa normativa en materia de tratamiento y prevención de seguridad. Por último, se habrá de demostrar la posibilidad de causar un daño al medioambiente.
En este sentido, biólogos expertos consideran que los pellets vertidos tienen una composición potencialmente tóxica. Si finalmente se probase un perjuicio grave al equilibrio de los sistemas naturales o para la salud de las personas, se aplicaría el subtipo agravado.Un desafío adicional será establecer la competencia internacional para perseguir el delito, dado que el vertido se produjo por un barco libio en aguas portuguesas. En opinión de esta parte, se debería aceptar la competencia española para el enjuiciamiento de los hechos, por entender que el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo.
Sobre la posible condena y su ejecución. Precedente: el Prestige.
Anticipándonos a las fases posteriores del proceso, nos enfrentamos a la posibilidad de una prolongada y compleja batalla judicial. El caso del Prestige sirve como precedente, donde el proceso se extendió durante 16 años. La sentencia emitida el 14 de enero de 2016 absolvió a los acusados de delitos contra el medio ambiente y daños en espacios naturales protegidos. Sin embargo, se declaró civilmente responsables al capitán y a los propietarios del Prestige, imponiendo indemnizaciones que superaron los 1.500 millones de euros.
Es crucial resaltar la complejidad del entramado societario detrás de la naviera actual, lo cual podría añadir un nivel de dificultad adicional al proceso legal. Además, el caso del Prestige también nos ofrece un ejemplo de las complicaciones internacionales en la ejecución de sentencias, como se evidenció en el intento de ejecución en el Reino Unido, el cual fue impedido por la High Court.
La aplicación efectiva de las leyes medioambientales y la capacidad para demostrar la responsabilidad de los involucrados serán determinantes en el desenlace del caso. Ahora bien, el precedente del Prestige nos advierte sobre la posible duración y complejidad de este tipo de litigios, mientras que la dimensión internacional del incidente agrega capas adicionales de complejidad al proceso legal.
La sociedad y el medio ambiente esperan respuestas claras y acciones efectivas para mitigar los daños y prevenir futuros incidentes similares, pero ¿es la vía penal la adecuada para exigir responsabilidades en este caso?
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Abogada penalista en Liber Estudio Jurídico