El Gobierno cierra el año con la ya descontada prórroga parcial de las ayudas antiinflación. Es cierto que hay una revisión de las rebajas fiscales energéticas, ya que el IVA de la electricidad pasará del 5% al 10% y, en el caso del gas, volverá al 21% desde abril. También desaparecen por completo las ayudas sectoriales al sector agrícola y las bonificaciones al combustible. Ahora bien, no se debe desdeñar la continuidad de las bonificaciones al transporte público para toda la población, los descuentos del bono social eléctrico, la anulación del IVA (hasta junio) de determinados alimentos, o los blindajes en materia de despidos y desahucios.
A falta de una memoria económica más exhaustiva, ya se puede afirmar que el nuevo escudo mermará la recaudación fiscal en 2.500 millones. Es una cifra significativa considerando el modo en que ya se ralentizan los ingresos en figuras como precisamente el IVA. Llama la atención que el Gobierno se resista a limitar el alcance de las ayudas de los colectivos realmente vulnerables, pese a la moderación que presenta la inflación y al incremento de los salarios, ya en línea con el IPC en múltiples sectores. Igualmente injustificable resulta que Moncloa siga señalando a la banca y las energéticas como sectores supuestamente privilegiados, y prorrogue las tasas creadas ad hoc para estas actividades. Es más, la incertidumbre crece ante el modo en que el presidente Sánchez abrió la puerta a su permanencia, pese a intentar suavizarlo con bonificaciones a la inversión verde (en el caso de las energéticas). Dos años después de su creación, el escudo social debió someterse a una limitación más profunda, ahora más urgente que nunca dado el regreso de las reglas fiscales comunitarias.
