Un año más, el ritmo de la ejecución efectiva de los fondos europeos Next Generation en España queda por debajo del potencial esperado. Esta deficiencia se ha convertido en crónica desde 2021. En aquel año el Gobierno ya alegaba que apenas contó con tiempo suficiente entre la liberación de los recursos por parte de la UE y el final del ejercicio. El desfase no se resolvió en 2022 y sigue pesando (junto a factores como los cuatro meses de interinidad institucional) en 2023. Como resultado, los registros más actualizados del Gobierno para este año reflejan cómo solo un tercio de las obligaciones de pago ligadas a los NextGen para el presente ejercicio se han desembolsado, lo que supone poco más de 7.300 millones de euros. No es un problema únicamente español, ni tampoco concierne en exclusiva a la Administración central, ya que es bien sabido que igualmente los Gobiernos autonómicos tienen un rol clave en el reparto final de los recursos.
No obstante, sí que hay aspectos que deben ya abordarse, como la prolija burocracia de los procesos de autorización, compromiso de pago y reconocimiento de obligaciones, denunciada por diferentes patronales. La falta de transparencia es otra de las importantes asignaturas pendientes desde hace demasiado tiempo. Su enquistamiento llevó a que ni siquiera el equipo de europarlamentarios enviado a España en febrero pasado, para evaluar la ejecución de los NextGen, tuviera acceso completo a las cifras que maneja el Ejecutivo. Deficiencias así constituyen lastres demasiado gravosos en toda circunstancia, pero aún lo son más en una coyuntura como la actual, en la que el PIB español afronta una intensa desaceleración y el efecto impulsor de las ayudas europeas resulta ahora más necesario que nunca.
