Calviño se juega su futuro el próximo viernes, cuando los ministros de Economía y Finanzas de la UE se reúnen para intentar consensuar las reglas fiscales y alcanzar un acuerdo sobre el futuro presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Quizá está ante su última oportunidad de dirigir la institución, porque la próxima reunión se celebrará en febrero ó marzo, ya fuera de la presidencia europea de la UE, por lo que sus posibilidades serían menores.
Su gestión, además, perdería brillo porque Calviño tampoco sería la gestora del compromiso. La posibilidad de lograr un consenso sobre la senda de déficit y deuda para los próximo años, sin embargo, se han reducido desde la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, que dejó en el limbo el reparto de los 60.000 millones, que el Gobierno de Olaf Scholz pensaba destinar a la transición ecológica y a reducir los costes energéticos de sus empresas.
La posición germana se endurecerá, será más inflexible y apoyará la adopción de sanciones para los países que incumplan el tope del 60% de la deuda", reconoce un alto cargo alemán, ya que el Constitucional consideró que se rebasaba el nivel de endeudamiento.
Los países del euro abandonarán el año que viene la cláusula de escape adoptada en tiempos de la pandemia para volver a situar sus déficit en el 3% y su deuda por debajo del umbral del 60% del PIB.
España, al igual que Francia o Italia no lograrán que su deuda baje del nivel establecido por la UE en la próxima década. Pero las exigencias por parte de los denominados hombres de negro serán menores si cumple con el déficit. Sólo el año que viene, habrá que hacer ajustes de 10.000 millones para alcanzar esa meta.
La misión para conseguirlo ya no descansará en Calviño, sino en María Jesús Montero. La vicepresidenta cuarta tiene todas las papeletas para ser investida como el segundo mayor alto cargo tanto del Gobierno de Sánchez como del partido, una vez que se marche Calviño. La concentración de tanto poder en una sola mano recuerda a los validos de los reyes españoles en los siglos pasados. La práctica había sido abandonada, sin embargo, en la historia moderna.
El primer trabajo de Montero será perfilar los Presupuestos del año que viene. El PP pensaba que podía tumbar el techo de gasto en el Senado y retrasar la aprobación de las Cuentas Generales del Estado unos meses, hasta que los socialistas lograran cambiar la Ley de Estabilidad.
Pero pecaron de ingenuos, porque la letra pequeña de la Norma, alude solo al veto al déficit y la deuda. Los socialistas podrían aprobarlos sin menciones específicas a estos aspectos. Hecha la ley, hecha la trampa. Luego habrá que ver cómo sientan estas jeribeques en Bruselas.
De todas maneras, la decisión de Montero es prorrogar los Presupuestos para dar tiempo a cambiar la Ley de Estabilidad y alcanzar así de un plumazo un objetivo más ambicioso, un ajuste de alrededor de 8.000 millones en el gasto para cumplir con las nuevas reglas fiscales.
Todos los Ministerios partirán con un incremento cero de sus partidas para el próximo ejercicio. Un recorte en toda regla, pese a que hasta ahora presumían de lo contrario. Bienvenido sea, si es así.
El trámite presupuestario hasta conseguir el visto bueno de todo el variopinto abanico de socios de Sánchez, llevará hasta el verano. La nueva vicepresidenta tendría así un amplio margen de maniobra que prorrogarlos definitivamente si la recaudación se cae. El Gobierno tendría combustible, por lo menos, para un par de años.
Bajo la batuta de Montero quedaría la representación española ante Bruselas y lo que es más importante, la Comisión Delegada del Gobierno, el órgano encargado de seleccionar los temas que acaban en la mesa del consejo de ministros para su aprobación, con un enorme poder discriminatoria sobre los propuestas de los diferentes ministerios.
El mandato de Sánchez a Montero es levantar un muro frente a los caprichosos proyectos de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Esta semana hemos asistido al choque frontal con Calviño a cuenta de los subsidios de desempleo, como una especie de preámbulo de lo que vendrá en la legislatura. Montero es mucho más agresiva y entusiasta que Calviño en la defensa de las iniciativas socialistas.
Hacienda se niega a ceder la Sepi a los socialistas catalanes y ahora quieren controlar Economía
Con estos precedentes, la nueva vicepresidenta se siente fuerte ya en su nueva plaza. Está semana mandó al garante un último intento por parte PSC de Salvador Illa de hacerse con el Control de la anhelada SEPI, la sociedad pública que controla Indra, RTVE o Correos y que en el futuro pretende entrar en el capital de Telefónica.
Aunque todo a su debido tiempo, porque el expediente de regulación para unas 3.000 personas anunciado esta semana por la multinacional que preside José María Álvarez-Pallete ha echado para atrás al Gobierno para no manchar su imagen con los despidos de teleco.
La intención original era que la SEPI pasara a depender del nuevo titular de Industria, Jordi Hereu. Pero Montero se opuso y desbarató la operación, que debía haberse anunciado después del consejo de ministros. Se niega a remover a su gente de confianza, como Belén Gualda, presidenta de SEPI.
Los socialistas catalanes retrocedieron, pero no soltarán tan fácil la presa. A cambio, pretenden quedarse con la cartera de Economía, que abandone Calviño. Una plataforma importante que les otorgará el privilegio de monitorizar las relaciones con Bruselas, clave en el proceso negociador de la autonomía , y de sentarse con el resto de ministros de la UE. Illa rescataría así los dos ministerios de la pasada legislatura y se posicionaría como uno de los más influyentes hombres del presidente.
El escenario está muy abierto. Montero lo quiere retener todo, pero el baile de ministerios y departamentos cuando se marche Calviño no está decidido.
Nunca en la historia del socialismo se había elegido a un político para desempeñar el cargo de cartera de Economía. González confió primero en Boyer, un reputado liberal, y luego en Solchaga, mientras que Zapatero dejó la vicepresidencia económica en manos de Pedro Solbes, un técnico experto en Bruselas, y luego en Helena Salgado.
En esta futuro mapa no encaja la figura de Escrivá. El ex ministro de Seguridad Social e Inmigración es el invitado de piedra del nuevo ejecutivo. En un primer momento se especuló con que asumiera el Ministerio de Economía. Sus competencias quedarán circunscritas al ámbito de la transformación digital y poco más.
La medida no le ha sentado bien, esperaba una recompensa más generosa por parte de Sánchez, según fuentes cercanas. Y con razón. Escrivá, pese a las críticas por la reforma de las pensiones, es una de las mejores cabezas pensantes del Gobierno junto a Calviño. Ambos quedarán desactivados en la nueva etapa.
PSC presiona al grupo de La Caixa para que vuelva a Barcelona o remover su cúpula directiva
El PSC tiene el compromiso con Junts de propiciar la vuelta de las empresas a Cataluña para aparentar normalidad institucional. Para ello intentó una modificación de la Ley de Fundaciones que fue abortada antes que nacer. Pero no cejará en el intento hasta conseguirlo, según medios cercanos.
La vía es presionar a La Caixa para que grandes grupos como Naturgy, CaixaBank o el holding de Criteria emprendan la senda de vuelta a Barcelona y abran el camino al resto de corporaciones. Hasta 7.000 grupos catalanes cambiaron su sede tras el 1-O.
Su salida fue facilitada por un Real Decreto exprés de Luis de Guindos y ahora podría hacerse al revés. La otra fórmula sería la renovación de la cúpula de la Fundación La Caixa. Aznar ya forzó la salida de Josep Vilarasau y su relevo por Isidro Fainé. De momento no hay señales de cómo se ejecutará. Pero todo apunta a una renovación de los altos cargos de la Fundación, que lleva retrasándose desde hace un par de años, para hacer frente a la nueva estructura territorial, aseguran. Ya veremos cómo se arbitra.
Sería una pena que no se respete la libertad de establecimiento empresarial y se propicie otro golpe a la maltrecha seguridad jurídica de nuestros país. La mano tendida y las promesas de Sánchez esta semana antes los directivos de las multinacionales extranjeras en España corren el riesgo de quedar en papel mojado.
