El fraude en el sector de los carburantes no para de crecer y ya supone unos 700 millones, el 6% de la recaudación anual por impuestos a las gasolinas. Un delito que se comete por empresas que venden por debajo del precio de mercado y que desaparecen antes de que llegue el momento de llevar a cabo el pago correspondiente de los tributos. Esto genera una clara competencia desleal. Supone también un riesgo para la gestión de los costes de las existencias mínimas de seguridad, ya que las petroleras pagan en base a una previsión de ventas que luego queda por debajo por el impacto de estas empresas. Urge, por ello, una cambio en la regulación que establezca la obligación de presentar una garantía financiera para el ejercicio de la actividad.
