España es uno de los pocos países de la UE que no establece exenciones en la obligación de declarar trimestralmente el IVA. La obligación de enfrentarse a la burocracia que exige su tramitación les supone a muchos autónomos unos costes y un gasto de recursos y de tiempo que puede resultar muy oneroso, considerando el pequeño volumen de sus negocios.
Por ello es un gran paso que Hacienda ya trabaje con las asociaciones de este colectivo para transponer la normativa europea, que permite eliminar esta obligación para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año. Aunque dicha legislación entró en vigor en 2020 y España acumula un importante retraso al respecto, al menos es positivo que se acerque el fin de esta costosa injusticia para los autónomos.
