Terminó el verano y nos encontramos con que los medios de comunicación se niegan a presentar a los españoles las cosas que importan, y sus posibles respuestas políticas. Se gana el mundial femenino de fútbol -un éxito sin precedentes- y las neo feministas consiguen que sólo se hable de un pico mal dado por Rubiales (asunto que ha ocupado las portadas como principal problema social casi dos meses). Pero España tiene ante sí problemas económicos a corto medio y largo plazo muy graves. En primer lugar, deberíamos saber que la Unión Europea ha advertido que a partir del próximo 1 de enero entrarán en funcionamiento otras normas distintas de las que se han estadio aplicando en Europa desde 2020, primero con la pandemia de la COVID y luego con la guerra de Ucrania.
La Unión Europea va a exigir un pacto de estabilidad. Ese pacto deberá intentar recuperar la senda de unos máximos del 3% de déficit y del 60% de deuda pública sobre el PIB, pero Pedro Sánchez y su gente se niegan a hablar de la carga en forma de deuda que les va a caer a los actuales jóvenes españoles, que hoy sufren un desempleo y unos salarios detestables.
Pero ningún partido habla de todo eso cuando se está preparando un nuevo Gobierno. Pensemos que, una vez que exista ese nuevo Gobierno, tendrá que tomar algunas decisiones a corto y a largo plazo, y es que el sistema tributario español está no sólo viejo, sino que es profundamente injusto. Lo ha descrito así el analista Joaquín Estefanía:
"El sistema tributario español se ha quedado anticuado, es incompleto, sus efectos redistributivos son muy limitados. Según la mayor parte de los estudios, el nivel de recaudación impositiva en España está entre cuatro y siete puntos por debajo del promedio europeo. Se erosionan continuamente las bases impositivas a través de los beneficios fiscales y la movilidad internacional de esas bases, y se genera una sobrecarga tributaria en las rentas medias del trabajo".
En otras palabras: el IRPF es hoy una antigualla sostenida casi en el 90% por los asalariados y los pensionistas, cuya participación en el PIB está entre el 45 y el 50%. Pero, claro, con la inflación y los ingresos fiscales disparados no creo que la ministra de Hacienda esté dispuesta a abordar este gravísimo problema.
¿Cómo empezar? Pues, en primer lugar, poniendo en marcha una comisión de expertos que proponga un nuevo sistema fiscal. En segundo lugar, el ministerio y las comunidades autónomas deberían intentar perseguir la economía sumergida y, de paso, dejar de golpear con tanta furia a los asalariados y a los pensionistas (más a los primeros que a los segundos), de suerte que el nuevo sistema fiscal recupere la redistribución de rentas y, sobre todo, la progresividad de la cual hoy adolece.
Pero me temo que tal cosa no se hará si Sánchez vuelve a formar Gobierno con los apoyos de quienes sólo piensan en destruir la Constitución y a quienes los problemas de nuestro país les importan bien poco.
En fin, ya veremos, pero he de confesarles no estoy nada optimista ni respecto a la política ni respecto a la economía.
