Opinión

La economía, el otro rehén del extremismo

Foto: EP

Mientras Pedro Sánchez se obstinaba en el absurdo irresponsable de su "no es no", a un acuerdo de legislatura con seis grandes pactos de Estado ofertado por Núñez Feijóo entre los que destaca un gran acuerdo para el saneamiento de la economía que garantice la solvencia de los colectivos más vulnerables y de la clase media, el Club de Exportadores e Inversores Españoles confirmaba en su último informe que las exportaciones españolas están perdiendo dinamismo durante 2023 y aunque el déficit comercial sigue reduciéndose desde enero, lo hace a un ritmo inferior al registrado en el primer cuatrimestre de este año. Hasta mayo se redujo un 48,6%, hasta 14.065,2 millones de euros, en comparación con los 26.569,7 millones de euros, pero sólo un mes antes este descenso de nuestro desequilibrio comercial era del 50%, siendo destacable también que esta reducción se debe fundamentalmente al desplome del 35%, hasta 9.000 millones, del déficit energético. Y ello se acompaña, además, de un descenso continuado en las importaciones.

Un síntoma más del enfriamiento acelerado que está experimentando nuestra economía, que empieza a afectar a un sector exterior clave en la recuperación del crecimiento, que está siendo ya evidente y manifiesto en las ventas de las grandes empresas que cayeran otro 0,9% en junio y acumulen ya tres meses de caídas y en el hecho de que España encadene también tres meses perdiendo empresas. Los datos oficiales muestran que el número de empresas inscritas en la Seguridad Social se sitúe en 1.325.910 al finalizar el segundo trimestre, 12.700 empresas menos que en abril, y cifra inferior a las que había en 2019, antes de la pandemia del COVID. Sólo en junio desaparecieron 5.600 empresas y el número de quiebras desde que gobierna Pedro Sánchez es el mayor desde la crisis financiera del año 2008.

Mortalidad empresarial y descenso del negocio que se refleja también en el número de contratos registrados, que en agosto ha sido de 1.088,.831 lo que supone un descenso de 194.960, el 15,19%%, sobre el mismo mes de 2022. Al tiempo que la contratación acumulada en los ocho primeros meses de este año es inferior en 2.328.172 contratos, un 18,61% menos, a la de enero-agosto del año pasado.

Añadir a todo esto que, como refleja el último Observatorio de la Morosidad, elaborado por la Confederación Española de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) el coste financiero de la deuda comercial de las pymes se ha duplicado en un año hasta alcanzar la cifra de 2.366 millones de euros en el segundo trimestre de este año, frente a los 1.192 millones de los mismos meses de 2022, y alcanza su nivel más elevado desde septiembre de 2009, en plena crisis de las hipotecas. Un aumento de costes que, como refleja también el informe de Cepyme, supone que el esfuerzo financiero de las pequeñas y medianas empresas se haya incrementado en casi 1.300 millones de euros, un 201% interanual.

Y todo esto en un contexto en el que la inflación ha supuesto un desafío para las empresas  que han tenido que adaptar sus estrategias a un entorno cambiante y se han visto obligadas a subir los precios lo que produce una caída de la producción con el mismo empleo, ello se traduce en un descenso de la productividad del trabajo. Circunstancia que, como resaltan desde el Banco de España, "al no haber efectos sobre el empleo y el salario medio, la masa salarial no se ve afectada, pero la caída de la productividad genera, a corto plazo, un aumento del coste laboral unitario", lo que se traduce en un descenso de la productividad. que en el segundo trimestre del año volvió a tasas negativas al caer un 1,1% y a confirmar que el empleo que se genera está asociado a puestos de trabajos de baja calidad.

Así nos va y lo que es más preocupante, es que el riesgo de inseguridad jurídica por las incertidumbres políticas, amenaza con una paralización y retirada de inversiones preludio del empobrecimiento general. Pero eso a Sánchez ni le preocupa ni le importa mientras negocia convertir a España en un país "rehén de una facción de extremistas regionales disidentes", como titulaba el pasado jueves The Washington Post, con la complicidad responsable de un grupo parlamentario socialista lanar y adocenado.

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