Las grandes empresas han duplicado en solo un año sus plazos de pago a proveedores. Así lo indica el Observatorio de Morosidad, que elabora trimestralmente la patronal Cepyme, donde se desvela que se ha pasado de abonar las facturas en 41,3 días a hacerlo en 87,4, el nivel más alto de los últimos años.
El texto resalta también que es el tercer trimestre consecutivo en el que las grandes corporaciones alargan sus pagos. La razón está en un cambio de gestión del circulante provocado por la subida de tipos de interés. Antes las empresas no obtenían dinero por su liquidez. De hecho, pagaban a los bancos por sus depósitos. Pero ahora con un euríbor situado en el entorno del 4% sí que logran beneficios por acumular capital.
La práctica de extender en el tiempo el pago a proveedores tiene, por tanto, lógica empresarial. De hecho, las grandes corporaciones recurrieron a la misma estrategia en la crisis financiera de 2008 y también en la de deuda, en los años 2012 y 2013.El problema es que este incremento de la morosidad asfixió entonces a las pymes y los autónomos, proveedores habituales de los gigantes empresariales.
Para evitarlo, se elaboró una normativa que situó en 60 días el periodo máximo de pago. A la vista está que las grandes corporaciones se están saltando la legislación vigente. Es preciso, por tanto, que corrijan estas prácticas que les son beneficiosas desde un punto de vista económico. Pero no solo porque es ilegal. Igual de importante es la necesidad de evitar el daño que el alargamiento de los plazos están ya generando en las pymes. Un sector que no tiene pulmón financiero para soportar el incremento de la morosidad y que aún no se ha recuperado del golpe de la crisis del Covid y la inflación.
