España es uno de los países que más penaliza la inversión de las empresas para mantener y mejorar su capacidad operativa. En concreto, solo permite deducirse el 61% de los costes de capital, es decir, aquellos que incluyen gastos en mantenimiento de inmuebles, maquinaria o amortizaciones.
Este porcentaje es muy inferior tanto a la media de la OCDE como al nivel propio de las grandes economías de la zona del euro: Francia e Italia permiten más de un 70%. Por no hablar de economías como las bálticas o incluso Reino Unido que se acercan al 100% de la inversión productiva total de una compañía.
Resulta sin duda llamativo que, tras una legislatura en la que el Gobierno orientó su retórica hacia la modernización y la transformación tecnológica y digital del tejido productivo, se mantenga una fiscalidad que perjudica precisamente dicha innovación.
Así, analizando específicamente los componentes de costes de capital, España ha llegado a bonificar solo un 77,9% de la inversión en maquinaria registrada en 2022, cuando en Reino Unido ese porcentaje llegaba al 100% o Alemania lo situaba en el 84,7%.
Esta divergencia no solo supone un lastre en la competitividad de nuestras empresas con respecto a sus homólogas de los países de nuestro entorno. También pone en peligro la capacidad de España para atraer inversiones y talento desde otros mercados.
El castigo tributario a la actividad más básica de las empresas tiene un elevado coste en la recuperación de la economía y el empleo tras la pandemia. Pero todavía más grave es el hecho de que priva a las empresas de los mecanismos necesarios para hacer frente a los desafíos como la desaceleración del PIB español y europeo que se avecina.
