Hace unas semanas comentábamos que la realidad presupuestaria con la que se iba a encontrar el gobierno que saliese de las urnas era mucho más compleja de lo que se pudiera pensar a primera vista. Esto implica que sea mucho más difícil acometer rebajas de impuestos o aumentos de gasto. Sin embargo, eso era lo que prometían los diversos programas electorales. Por supuesto, unos eran menos realistas que otros, pero, la tónica general era ignorar el ajuste pendiente que tenemos en nuestras cuentas públicas.
Los últimos datos de coyuntura económica no son malos, pero, paradójicamente, pueden complicar el ajuste presupuestario. Por una parte, la inflación se ha reducido por debajo del 2%. Aunque persisten tensiones inflacionistas, ya que la inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles, sigue por encima del 6%. Sin embargo, esto también supone que la recaudación fiscal crece menos. En los cinco primeros meses de este año, los ingresos fiscales gestionados por la Agencia Tributaria crecieron un 4,2% cuando en el mismo periodo del año anterior estaban creciendo un 19,1%. En el mes de mayo, que es el último disponible, los ingresos homogéneos, es decir ajustándolos a un calendario estándar de devoluciones, sólo crecían un 2,3%. Obviamente, con estas tasas de crecimiento de los ingresos cuesta mucho más reducir el déficit público.
Un factor que influye en que no crezcan tanto los ingresos fiscales es que el consumo interno prácticamente no crece, e incluso es negativo en términos reales. El crecimiento económico está viniendo de las exportaciones, y en general del sector exterior. Aquí se refleja la competitividad de las empresas españolas que están ganando cuota de mercado en una situación económica internacional que no es precisamente sencilla. Teniendo en cuenta que las grandes crisis económicas en España se han originado por el estrangulamiento del sector exterior, lo que disparaba la necesidad de financiación de la economía española en su conjunto, este superávit por cuenta corriente es una excelente noticia. Sin embargo, esto se nota en la recaudación de los impuestos indirectos, IVA e impuestos especiales que se reduce ligeramente.
Respecto de los gastos, los intereses de la deuda pública se irán incrementando en los próximos años. No es lo mismo financiarse, incluso a tipos negativos a corto plazo, que pagar las letras del tesoro al 3,7% en la última subasta. Como el BCE, que el pasado jueves volvió a subir los tipos hasta el 4,25%, no va a reducir los tipos de interés en el medio plazo, y además tenemos más deuda pública, el resultado serán muchos más gastos financieros. Éste es el punto crítico de la necesidad de ajuste presupuestario. Tenemos un 113% del PIB en deuda acumulada que tiene una duración media de ocho años. Esto significa que, de media, cada ocho años se renueva el 100% de la deuda emitida. Cada año hay que refinanciar 200.000 millones de deuda, además del déficit del ejercicio en curso. Si se pierde la confianza de los financiadores, por ejemplo, porque la deuda continuase creciendo en relación con el PIB, a la subida de los tipos de interés habría que añadir una prima de riesgo, mayor que la que ya tenemos, lo que perjudicaría no sólo la financiación del Estado sino, también, a la economía española en su conjunto.
Para que esto no ocurra, y no somos, ni mucho menos el único país de Europa con problemas de déficit y deuda, la Comisión Europea restablecerá las reglas fiscales en 2024. Esto implica presentar, si no hay una negociación previa, unas cuentas que reduzcan el déficit desde el 4,1% que prevé la Airef (el gobierno en funciones prevé el 3,9%) hasta el 3%. El ajuste, vía mayores ingresos o menores gastos, sería de unos 13.000 millones de euros, y si a eso le añadimos los mayores intereses, estaríamos hablando de unos 20.000 millones de euros. De esta cifra, la Comisión Europea quiere que 0,7% del PIB, unos diez mil millones, sean reducción del déficit estructural.
Acometer este ajuste va a resultar complicado. En primer término, porque económicamente lo es. En una economía endeudada como la española, las familias y las empresas ya están sufriendo los efectos del endurecimiento de la política monetaria, como prueba el comportamiento del consumo. En 2024, deberíamos tener ajuste fiscal y al mismo tiempo monetario, ya que los efectos de las subidas de tipos tardan un año o más en surtir todos sus efectos, en una coyuntura internacional bastante difícil.
El segundo problema es la estructura territorial de la Hacienda Española. La mayor parte del gasto, por ejemplo, sanidad, educación y servicios sociales, lo ejecutan las Comunidades Autónomas. El sistema de financiación se basa fundamentalmente, en la cesión a las CCAA del 50% del IRPF, 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales. Las entregas a cuenta se regularizan cada dos años. En 2024, las CCAA recibirán una liquidación extraordinaria de unos 20.000 millones de euros, porque, como hemos visto, la recaudación de estos impuestos se disparó, fundamentalmente por la inflación, muy por encima de lo previsto en 2022. Cuando haya que hacer ajustes, las CCAA tendrán más dinero…
Para 2024 también habrá que establecer objetivos de déficit, que deberían evitar que las CCAA incrementen su gasto o reduzcan permanentemente impuestos, con ingresos coyunturales provenientes del pasado, cuando hay que reducir el déficit. El problema es que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el acuerdo del gobierno de España estableciendo los objetivos de déficit hay que aprobarlo en el Congreso y el Senado…
Esto nos lleva al tercer problema, para que haya un presupuesto tiene que haber un gobierno, y además un gobierno con apoyos parlamentarios. En estos días se habla mucho de los votos necesarios para la investidura, pero luego hay que tener votos para gobernar. En este sentido, habría que ver si hay votos suficientes para modificar, en su caso, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, y para establecer unos objetivos de déficit consistentes con nuestras obligaciones europeas.
Finalmente, y lo más importante habrá que ver si hay votos suficientes para determinar las prioridades, es decir para aprobar un presupuesto. No hay una sola política fiscal posible, pero no toda política fiscal es posible, por razones económicas y también por razones políticas. Tras la campaña, habrá que volver a la realidad, es decir a la política posible, si no volvemos a otra campaña y a las urnas en unos meses.
