La Unión Europea presume de ser un mercado libre donde todos los países miembro compiten con el resto en igualdad de condiciones. Un modelo de economía de libre mercado en el que los gobiernos deben apoyar que empresas de otros estados miembro hagan negocios en sus propios territorios.
Sin duda, España cumple con creces con esta directriz básica de la Unión. Buen ejemplo de ello es la modélica liberalización ferroviaria que ha propiciado la entrada de firmas como iryo y la francesa SNCF, que ya compite con Renfe, a través de Ouigo, en el segmento de alta velocidad.
El problema es que otros países no dan las mismas facilidades y se dedican a poner piedras en las ruedas cuando una compañía española quiere entrar en sus mercados.
Esta falta de reciprocidad se da en Alemania pero más aún en Francia, donde Renfe ha retrasado su llegada a París hasta, al menos, 2024, debido a la burocracia gala. El país vecino también tapona e impide que el Corredor Mediterráneo llegue a Europa, al no haber adaptado las vías a la alta velocidad española. Y lo mismo ocurre con la interconexión eléctrica al negarse Francia a su ampliación.
Por si fuera poco, el Gobierno francés también ha cargado contra Stellantis por establecer la producción del Peugeot e-208 en España.
De hecho, el ministro de Economía Bruno Le Maire pidió "patriotismo" y utilizó las ayudas públicas que ha recibido el fabricante del Estado francés como medida de presión. Todo lo anterior evidencia la falta de reciprocidad de Francia con España. Un inaceptable ejercicio de proteccionismo que va en contra de los objetivos fundacionales que promovieron la creación de la Unión Europea.
Es obvio que la Comisión Europea debería tomar cartas en el asunto e impulsar una justa competencia entre los países.
