Por un lado, las elecciones están a la vuelta de la esquina; por otro, aunque tarde, de cualquier manera y sin que uno pueda sustraerse a pensar que con la presencia de una buena dosis de improvisación, la implantación de la conocida como "segunda fase" de la reforma del sistema público de pensiones de la Seguridad Social ha sido dejada atrás en el tiempo, no es ya un tema de actualidad tan acuciante y omnipresente en los medios de comunicación como lo fuera, y se encuentra, en fin, en un estado larvario o de hibernación.
Decimos que fue tarde porque, conforme a los compromisos adquiridos por el Gobierno del Reino de España con la Comisión Europea, debería haberse comenzado a negociar abiertamente con los agentes sociales mucho antes de lo que finalmente lo fue y, en consecuencia, haberse puesto en vigor para 31 de diciembre del pasado año 2022, pero, sin embargo, no se aprobó hasta mediados de marzo del presente año 2023.
Decimos que de cualquier manera porque no contó con la conformidad de todas las partes en el diálogo social, sino solo con la de una de ellas, los sindicatos, y porque se aprobó por Real Decreto-ley, sin tramitación parlamentaria y contando solo con las mayorías de ocasión a que nos ha venido teniendo acostumbrados la muriente legislatura, sin el amplio grado de consenso que requeriría una materia como esta con el que prácticamente nunca, desde la creación del Pacto de Toledo, se ha contado realmente.
La reforma contó solo con el apoyo de los sindicatos y Escrivá la tramitó por la vía rápida
Y decimos que con la presencia de una buena dosis de improvisación porque nadie, seguramente ni tan siquiera sus propios autores, habría podido predecir al iniciarla que la reforma acabaría saliendo como salió, es decir, sin medidas importantes y efectivas de contención del gasto (en contra de la tendencia generalizada o casi universal en los países de nuestro entorno), con una solución mágica de poca o nula eficacia en la tan fundamental y anunciada cuestión de la ampliación del periodo de cotización que se debe tomar para el cálculo de la pensión, y con chapuzas rampantes como la ampliación del tipo de cotización y del periodo de recaudación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) a tan solo un año de su implantación (¿cuáles estaban mal, los primeros o los segundos cálculos efectuados respecto del mismo?).
Calma chicha. El programa del Partido Popular pasa casi de puntillas sobre el tema, pero sí anuncia tímidamente que, de ganar las elecciones, formar gobierno y contar con el apoyo de una mayoría suficiente, "retocará" el tema de las pensiones. Poco más puede hacer con un tema tan "impolítico" en periodo electoral y con cerca de diez millones de pensionistas y otros muchos votantes en puertas de la jubilación. Y, caso de hacer algo, ¿qué hará con la reforma ya implantada? ¿Revertirla, como hicieron sus oponentes con la suya de 2013 al llegar al poder? ¿Retocarla? ¿En solitario, sin el debido consenso una vez más? ¿Y con qué garantía de continuidad en el tiempo?
El PP toca de puntillas un tema tan 'impolítico' como el de las pensiones
Si, por el contrario, en las elecciones se convalida una mayoría del mismo signo que la de la presente legislatura, ¿contará formalmente por fin con la plena aprobación de su reforma por la Comisión Europea? ¿Se verá obligada por los acontecimientos o circunstancias a adoptar medidas complementarias como las anunciadas dentro de la propia reforma o, incluso, a autoenmendarse a fondo contando con un momento menos comprometido que el del año electoral que tanto le apretaba cuando adoptó dicha reforma?
Puede pasar de todo. Pero lo que sí cabe predecir, y si no al tiempo, es que las cosas no se van a quedar como están. Y menos mal, porque queda mucho por hacer y mucho camino que recorrer. Pero lo que seguramente puede afirmarse es que, cuanto más tarde se le meta mano a la cuestión, peor, pues de menor margen de maniobra se dispondrá, y, de metérsele mano por fin, a ver si esta vez se hace con todos los agentes en el diálogo social y con el apoyo del mayor número posible de fuerzas políticas en el Parlamento, para contar con el máximo de voluntades e intereses contrapuestos de modo que se consiga una construcción lo más equilibrada y duradera que sea factible.
