España cierra una legislatura aciaga desde el punto de vista fiscal. Los problemas que plantean impuestos ya existentes, Sociedades especialmente, se han agravado con cambios como el que afecta a la repatriación de dividendos, que rayan en la doble imposición.
En paralelo, se han creado ad hoc figuras impositivas para castigar los supuestos beneficios extraordinarios (negados por el Banco de España) de sectores empresariales enteros. Además, la penalización a la riqueza se recrudece con la convivencia del Impuesto de Patrimonio y la nueva tasa solidaria para grandes fortunas.
Con este telón de fondo, es coherente que haya unanimidad entre las organizaciones empresariales a la hora de demandar a los partidos que concurren a las elecciones del 23-J un cambio en el panorama tributario. Es cierto que las rebajas de impuestos deben manejarse con cuidado en una coyuntura económica tan incierta como la actual y no puede extrañar, por tanto, que solo Vox se atreva a abogar por los recortes fiscales de modo masivo.
Ahora bien, se echa de menos en los programas electorales recién presentados la presencia de propuestas realistas que contribuyan al crecimiento del PIB en tan difíciles circunstancias. En el caso de los partidos de izquierdas, sus compromisos dejan de lado toda propuesta reformista en beneficio de promesas que elevarán aún más el gasto público y harán difícil el cumplimiento de las reglas fiscales europeas. En el caso del PP, falta concreción en cuanto a la "reforma fiscal integral" que propugna, al tiempo que sorprende abogando por extender la rebaja del IVA o actualizar con el IPC el Salario Mínimo. La situación económica actual demanda otras respuestas menos influidas por el electoralismo.
