En las últimas semanas, al calor de las precampañas electorales de las elecciones autonómicas y generales, el Gobierno ha querido erigirse en un nuevo defensor del cliente en el sector financiero. Hasta el punto de que el Ejecutivo no dudó en criticar abiertamente la política de baja remuneración de depósitos de las entidades españolas, en un momento en el que los tipos de interés suben en la eurozona.
La injerencia de carácter político en las estrategias comerciales de las entidades es ya, por sí sola, alarmante. No obstante, resulta por completo injustificable cuando las estadísticas revelan que los clientes del sector financiero cada vez demandan más esos mismos productos con los que, hipotéticamente, salen perdiendo. Es la estadística del Banco de España la que refleja cómo la captación de depósitos crece un 140%l entre enero y mayo pasados con respecto al año pasado. Sin duda, el avance de la demanda en este tipo era previsible en las empresas, ya que necesitan vehículos financieros en los que custodiar sus picos de tesorería, en un momento en que estos excedentes de caja han dejado de estar penalizados por el BCE.
Pero, en paralelo, también las familias se interesan por los depósitos bancarias y su saldo en este tipo de productos asciende desde 23.500 millones en mayo de 2022 a 46.100 millones de euros en este ejercicio. Puede afirmarse, por tanto, que los ahorradores españoles más conservadores, lejos de sentirse engañados, continúan viendo en los depósitos una alternativa atractiva pese al bajo nivel de su remuneración. Su elección puede ser más o menos defendible desde el punto de vista de la rentabilidad. En lo que no hay discusión es en la total falta de fundamento de los ataques del Gobierno a la banca por su política comercial.
