El Supremo da la razón a Deutsche Bank, uno de los acreedores de la autopista de peaje AP-36, rescatada por el Estado, a la hora de reclamar que se calcule de nuevo la compensación a la que tiene derecho. Sería un error creer que el fallo del Alto Tribunal se circunscribe solo a este litigio, ya que sienta jurisprudencia. En otras palabras, los demás afectados por la quiebra de otras vías semejantes tienen las puertas abiertas para que se revisen los pagos vinculados a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en los casos que les afecten. El Estado está así abocado a mayores costes por una situación de la que en parte es responsable. Como el Supremo argumenta, la Administración ha dejado pasar demasiados años sin esforzarse por llegar a un acuerdo con los acreedores.