Madrid
En los cuatro primeros meses de 2023 se registraron 303.998 bajas de afiliación a la Seguridad Social clasificadas como despido. Una cifra que supera en un 48% a la anotada en el mismo periodo de 2022 y que también marca un máximo de la serie histórica comparable que se remonta a 2013. De hecho, está incluso por encima de la propia del arranque de 2020, marcado por la llegada de la pandemia. Este dato se explican por el auge de los ceses de trabajadores con empleos indefinidos, que han crecido a tasas del 78,6% interanual, mientras los temporales se reducen.
Ello a pesar de que la afiliación indefinida crecía a un menor ritmo, del 17%. Este comportamiento arroja nuevas dudas sobre el alcance de la reforma laboral. Y más aún sobre las perspectivas reales de la normativa de dar estabilidad al mercado de trabajo y crear empleo, expectativas que en el seno del propio Gobierno se empiezan a matizar. Pero los datos también reducen la eficacia de otras medidas aprobadas por el Ejecutivo a lo largo de la legislatura, como los Ertes y la prohibición de despedir. La realidad es la que se ha acabado imponiendo ante una política intervencionista en el mercado laboral que tuvo, acaso, su razón de ser en los peores momentos de la pandemia.
Pero que lleva años suponiendo una fuente de incertidumbre para empresas y trabajadores. Así lo indica el hecho de que los despidos se estén disparando en el arranque del año pese a un dinamismo de la actividad económica algo mejor de lo esperado. Esto supone una señal clara de que las políticas desarrolladas hasta ahora no van en la buena dirección, ya que junta las promesas de protección del empleo con medidas que penalizan y encarecen su creación. Esa contradicción siempre se acaba traduciendo en despidos.
