Desde su entrada en vigor, hace casi año y medio, el Gobierno ha insistido en que la reforma laboral iba a suponer un profundo cambio de paradigma en el mercado de trabajo en España. La falta de medidas para agilizar la creación de empleo, más allá de la desaparición de los contratos temporales por obra y servicio y la consagración de figuras hasta entonces muy limitadas, como los fijos discontinuos, invitaban a poner en duda esta afirmación.
Si bien el comportamiento de la ocupación en el último año y medio ha sido sorprendentemente intenso, la pregunta es hasta qué punto se debía a la resistencia del rebote de la actividad económica más que al cambio legal, y si podría mantenerse a medio y largo plazo. La actualización del Programa Nacional de Reformas remitido a Bruselas da una respuesta a esta incógnita: la mayoría del impacto previsto para los primeros tres años de la norma se ha producido ya en el primero.
El cálculo elaborado por la vicepresidencia económica supondría una señal de éxito, si no fuera porque también revela que el propio Gobierno considera que la capacidad de la reforma para dinamizar el mercado laboral, como poco, ha tocado techo. En un escenario de incertidumbre dentro y fuera de nuestras fronteras, y con una cifra de parados estancada en los casi 3 millones, este diagnóstico apunta a que el mercado laboral necesita otro tipo de reformas, ya no solo laborales, centradas en mejorar la productividad.
La única fórmula infalible para crear puestos de trabajo estables y de calidad es dotar a su vez de estabilidad económica y jurídica al tejido empresarial. Cualquier receta que se aparte de esta realidad será de corto recorrido, como parece serlo la reforma laboral.
