Madrid
Varias comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PP, se muestran en contra de la nueva normativa de vivienda y de que el Estado imponga por ley un índice para limitar el alquiler a nivel nacional. De hecho, algunos líderes regionales ya han anunciado que recurrirán la regulación ante los tribunales. Una posición comprensible si se tiene en cuenta que la nueva normativa supone un golpe a la propiedad privada. Pese a que se abrirá una nueva batalla legal, como ocurrió con la tasa a las grandes fortunas, la realidad es que el Gobierno tiene un as en la manga para lograr sus objetivos. Se trata de una sentencia del Constitucional de 2022, que ratificó al Estado como "único competente para fijar legalmente" los precios de alquiler de vivienda. Es obvio que el Ejecutivo se servirá de dicho fallo para quitar a las autonomías la potestad de establecer las rentas e imponer por Ley un índice elaborado por el INE para que los arrendamientos no suban más que el IPC. Una medida que supondrá un varapalo para todos los propietarios. Pero más aún para los llamados grandes tenedores. Aquellos que poseen más de 10 viviendas en España o cinco en una misma zona con altos precios de alquiler (tensionada), que no podrán beneficiarse del único 'balón de oxígeno' que incluye la normativa para los arrendatarios. En concreto, se trata de una medida que permite a los pequeños propietarios (menos de cinco pisos) subir un 10% las rentas si realizan mejoras. Un 'alivio' insuficiente a todas luces que no evitará que los grandes fondos y los particulares retiren sus activos del mercado. Esto reducirá las inversiones en el sector inmobiliario y provocará un alza de los precios en el alquiler por la menor oferta de inmuebles.
