Con premeditación y alevosía. No con nocturnidad, pero sí en festividad, el gobierno y sus socios parlamentarios de la Frankestein vuelven a utilizar la tramitación de reformas legislativas para intentar plantar cara a las encuestas y la proyección del voto ciudadano mediante la introducción de medidas destinadas a consumar el asalto y la usurpación de las instituciones del Estado y el sometimiento de aquellos estamentos que todavía mantienen, o intentan mantener, la independencia y la efectiva división de poderes que es principio fundamental de los sistemas democráticos.
Así, tras el control órganos judiciales como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía, de los institutos estadísticos y demoscópicos oficiales como el CIS de Tezanos o el INE, y de empresas como Indra, Renfe, Correos y el conjunto del sector público empresarial con la colaboración y el asentimiento de unos sindicatos mayoritarios domesticados y alimentados con el dinero de nuestros impuestos y los fondos europeos, el sanchismo gobernante aprovecha ahora la nueva Ley de Función Pública para introducir un cambio legal que le permita ascender a funcionarios indiscriminadamente durante la campaña electoral para disponer de una Administración Pública afín, tal como denuncian los inspectores de Hacienda.
En concreto el texto introducido por el Gobierno afirma textualmente que "se autoriza al Gobierno a llevar a cabo, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, una sistematización de los cuerpos y escalas, atendiendo al principio de especialización, ordenándolos en subgrupos y pudiendo crear, modificar o suprimir los existentes. Transcurrido dicho plazo, la creación, modificación o supresión de los cuerpos y escalas sólo podrá realizarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta ley". Artículo este en el que se especifica que los cuerpos y escalas de personal funcionario se crean, modifican y suprimen por ley de Cortes Generales.
Es decir, y para traducirlo al lenguaje de la calle, que, durante este periodo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, plazo que curiosamente coincide con la campaña electoral para las elecciones generales de diciembre el gobierno podría decidir el ascenso de categoría de un determinado cuerpo de funcionarios sin la formación necesaria, o también desglosar partes de un cuerpo funcionarial y hacer a algunos de sus funcionarios de una mayor categoría.
Recordar que el papel que corresponde a la función pública en los sistemas democráticos incluye la mejora de los valores gubernamentales, la protección de los ciudadanos, la prestación de servicios, el fortalecimiento de las estructuras burocráticas, el asesoramiento al gobierno y la formulación de políticas. Y esta prerrogativa que se atribuye el gobierno durante seis meses huele demasiado a un intento de control, dependencia y subordinación de los encargados de prestar dichos servicios, además de una fórmula para premiar y colocar a los amigos y serviles.
Pero no paran ahí los intentos controladores de Sánchez y sus apoyos, porque entre las enmiendas conjuntas de ERC y Bildu a la ley del `Si es Si´ que han propuesto al gobierno y que gustan más a Sánchez que el apoyo del Partido Popular se incluye una por la que se pretende que los medios de comunicación den "detalles morbosos" de las agresiones sexuales, además de prohibir las pruebas que estén bajo secreto del sumario. Restricciones a la libertad de información cuyo incumplimiento podrá acarrear consecuencias penales o administrativas, como en los mejores tiempos del franquismo.
Eso, con el añadido de que, a todos los jueces de los tribunales de audiencias, superiores de justicia, Supremo y Constitucional se les quiere obligar a realizar una formación obligatoria en perspectiva de género y sobre violencia contra las mujeres, además proponer que en los temarios de oposiciones a cualquier puesto de Justicia incluyan la violencia de género y el "sesgo cognitivo de género y su influjo en la decisión judicial". Lo que se parece demasiado al adoctrinamiento.
Como el dictador Franco que tanto le obsesiona Sánchez quiere dejarlo todo atado y bien atado. Y tiene sobradamente que no repara en medios para hacerlo.