El tipo marginal máximo del IRPF supera ya el 50% de los ingresos de los contribuyentes en cuatro comunidades autónomas y en otras cuatro se sitúa en el 50%: Valencia (54%), Navarra (52%), La Rioja (51,5%), Canarias (50,5%), Cantabria (50%), Asturias (50%), Aragón (50%) y Cataluña (50%).
En el extremo opuesto, Madrid se mantiene con acierto en el 45%. De hecho esta última comunidad autónoma es la única donde este tipo coincide con la media de la Unión Europea, mientras que en el resto de territorios la superan con claridad.
Los datos reflejan que los contribuyentes no solo experimentan una diferente presión fiscal según donde vivan, sino que esta brecha se agrava sustancialmente según su renta. A ello se suma que la tributación de las rentas consideradas altas es mayor que en los países de nuestro entorno. Pero la desventaja para los trabajadores españoles no queda ahí, ya que el nivel a partir del cual se considera que una renta es "alta" en nuestro país es casi la mitad que en el de nuestros vecinos.
El IRPF castiga a los trabajadores españoles con una doble brecha: entre comunidades y respecto al resto de la UE
Queda patente de esta forma lo arbitrario de un sistema fiscal que tacha como "ricos" a trabajadores que en otros países no lo serían. Esta desproporción explica que la cuña fiscal de España supere a la de los países nórdicos, cuando estos presentan salarios y poder adquisitivo muy superiores.
Con todo ello, lo que se produce es una doble brecha, tanto entre comunidades como a nivel internacional, que compromete la competitividad de las regiones españolas a la hora de atraer no solo contribuyentes con mayores rentas que puedan dinamizar el consumo y las inversiones, sino también profesionales de mayor talento. Una fiscalidad abusiva sobre el empleo que impide contratar a los trabajadores más cualificados es un lastre para las empresas a la hora de afrontar su futuro.