Nervioso y exaltado Pedro Sánchez por la caída irrefrenable en las encuestas, el estallido de la guerra civil en un gobierno de coalición que nunca estuvo unido, la excarcelación de violadores y delincuentes sexuales -van ya 74 y más de 700 rebajas de condena- por la ley del solo sí es sí, la escalada imparable de los precios, el paro que no cesa, el empobrecimiento general, y el rechazo de las mujeres -muchas socialistas incluidas- por los efectos negativos de la Ley trans, con el añadido del casposo affaire de corrupción del Tito Berni con sus añadidos de prostitución y cocaína, decidió ponerse el disfraz de feminista ante la conmemoración del 8-M y anunció la aprobación de una ley de paridad.
Ley que como se han encargado de recordarle desde todos los ámbitos políticos, mediáticos y empresariales no es sino la transposición de una directiva europea aprobada el pasado noviembre y consecuencia de una iniciativa del PP, y que va a alterar sustancialmente los consejos y órganos de dirección de gran número de empresas a las que el Ejecutivo no ha consulado ni informado a la hora de elaborar el texto, como tampoco lo ha hecho con la CNMV, como hubiera sido aconsejable y preceptivo.
Un nuevo plagio de los muchos que acumula y que adornan la trayectoria académica y política del presidente del Gobierno y una nueva muestra de despotismo de un gobierno que olvida, o desconoce, que en las democracias las leyes y las normas se negocian, se consultan y se acuerdan con los sectores afectados y conforme al dictamen de los organismos constitucionales competentes, en contraposición a los regímenes autoritarios y dictatoriales donde se imponen por decreto.
Pero, además, la urgencia en anunciar esta nueva imposición no obedece a un sentimiento de apoyo y salvaguarda de la mujer y de las políticas de igualdad, sino a un recurso propagandístico ante la necesidad de evitar la fuga de voto femenino en un año electoral, además de para tapar la exhibición de falta de dignidad y de coraje al no asistir en el Congreso al debate y posterior votación de la reforma de una ley que el mismo había promovido y consentido y por la que todavía, ni él ni nadie del gobierno ha pedido perdón a las víctimas de delitos sexuales y de violaciones.
Urgencia también innecesaria porque la directiva comunitaria no obliga a los Estados miembros hasta el 30 de junio de 2026 y porque en el caso de España el esfuerzo realizado por las empresas cotizadas españolas para impulsar la presencia de mujeres directivas ha permitido que, como recoge un reciente informe de IESE y Atrevia, los consejos de 18 de las empresas del Ibex 35 ya cumplen con el 40% de mujeres consejeras que exige la ley, mientras que las previsiones apuntan a que el resto lo cumplirá en 2024. Otra cosa son los comités de dirección, donde la presencia de mujeres aún no llega al 20% como media, pero con tendencia ascendente y voluntad de cumplir en el plazo de tres años que marca normativa europea. Norma que el primero e incumplir es el propio Sánchez, que en el núcleo duro del gabinete de Moncloa tiene a ocho hombres y sólo una mujer.
Claro que este presidente y este gobierno tienen sobradamente demostrado que su única ideología es la propaganda y su único proyecto la permanencia en el poder caiga quien caiga, aunque sean la mujeres y una causa tan justa y noble como el feminismo y la lucha por la igualdad que ellos, han prostituido, por mucho que se disfracen hipócritamente los 8 de marzo de fervientes feministas. Un 8-M que este año quienes más motivos tenían para celebrar eran esos violadores y delincuentes sexuales excarcelados o que han visto reducidas sus condenas, agradecidos a Irene Montero, Sánchez y al Gobierno que se autodefine como el más feminista de la historia. Como dice sabiamente el refranero, dime de qué presumes y te diré de qué careces.
