Se veía venir y mucho ha tardado en producirse, pero al final Ferrovial ha sido el primero y desde ámbitos próximos a las altas esferas del mundo empresarial se vaticina ya que no será el único ni el último, porque "llevamos tiempo quejándonos a Hacienda de la increíble presión fiscal que sufrimos y lo fácil que es deslocalizarse", en palabras de un empresario de la construcción. Y aunque oficialmente la decisión de Rafael del Pino de llevar la sede de Ferrovial a los Países Bajos, al tiempo que comenzar a cotiza en EE UU se explica por motivos de "ambición internacional"- que también- la realidad es que en el trasfondo de esta determinación ha pesado también el discurso hostil y las acciones agresivas del Gobierno de Pedro Sánchez contra las empresas, creando un ambiente de falta de seguridad jurídica y un clima perjudicial para el desarrollo de la actividad y la competitividad empresarial.
En un mundo globalizado y en las sociedades democráticas las empresas se mueven y se instalan en función de la rentabilidad y la seguridad de su actividad y sus negocios y más en los países miembros de la Unión Europea donde existe, como principio fundamental, la libertad de personas, mercancías y capitales. Y lo que ha hecho Ferrovial es trasladarse a otro estado miembro de la Unión ante la necesidad de operar bajo un marco de mayor estabilidad jurídica, con mas facilidades para obtener financiación y un clima fiscal más atractivo.
Atractivos estos que, digan lo que digan las demagogias del Gobierno y sus voceros mediáticos no significa falta de compromiso con España ni que vaya a dejar de pagar impuestos por la actividad que desarrolla aquí, que por ciento solo supone en torno al 15% del negocio total de la compañía, mientras que su factura fiscal en el país supera el 55%. Si dejará de tributar el 5% con que España grava a los beneficios obtenidos por nuestras multinacionales en el extranjero. Impuesto este que creó el Ejecutivo de Sánchez y que únicamente existe en nuestro país dentro de la UE.
Donde si puede hacer daño, y mucho, la decisión de Ferrovial es en la imagen internacional de la marca España y en la atracción de las inversiones extranjeras en nuestro país. Porque lo que no han entendido, ni quieren entender en este gobierno socialpopulista es que en un contexto de globalización la obligación de los gobiernos es poner las condiciones necesarias para que el país sea atractivo para los inversores nacionales y extranjeros. Todo lo contrario de lo que hacen aquí Sánchez, Calviño, Díaz, Montero y demás ministros con cambios legislativos continuos y restrictivos para la libertad de empresa y la contratación, además de impuestos a la carta e ideológicos.
Unas políticas económica y fiscal que, viciadas por una malsana perturbación ideológica, penalizan y deterioran la productividad, la competitividad, el emprendimiento y la creación de puestos de trabajo, que se complementan con la demonización que desde el sector podemita del Gobierno, con la imprescindible colaboración del presidente Pedro Sánchez, se hace de los empresarios que son quienes arriesgando su dinero y patrimonio creando empleo y riqueza en el mundo occidental y libre.
No es casualidad, pero si causalidad que España sea el país de la Unión Europea donde más han crecido porcentualmente las declaraciones de bancarrota de empresas desde 2020, un 163% pasando de 3.658 hace tres años a 9.606 al cierre del año pasado. Sólo en el último trimestre de 2022 las empresas españolas han registrado más de 388 declaraciones de bancarrota, un 59,5% más que en el trimestre precedente, mientras que en enero de este año se cerraban más de 170 negocios de autónomos al día.
Claro que esas políticas gubernamentales no son falta de compromiso con España a juicio de Nadia Calviño y sus compañeras del Consejo de Ministros, mientras que lo que a tenor de sus reacciones si parece patriótico, progresista, social y feminista es la presunta trama de corrupción del Tito Berni con sus derivaciones de prostitución y cocaína que tanto recuerdan a otros escándalos también protagonizados por dirigentes socialistas como el del exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, o los ERE de Andalucía. Será.
