La Generalitat Valenciana aprueba una normativa que prevé, entre otras cosas, multas de hasta 950.000 euros a fondos y grandes propietarios de vivienda (aquellos que tienen más de 10 inmuebles) que acosen a los inquilinos.
Además, la regulación obliga a dichos tenedores a ceder las casas que estén vacías durante más de un año a la consejería de Vivienda para su uso como alquiler social. Una medida populista e intervencionista que generará más inseguridad jurídica en el sector inmobiliario, lo que es nefasto de cara a captar nuevas inversiones.
Pero en este caso además, la expropiación de los activos deshabitados supone un claro ataque a la propiedad privada propio de repúblicas bananeras y que no debería producirse nunca en un país desarrollado.
