Opinión

El reto sin resolver de la financiación en la lucha contra el cambio climático

La lucha mundial contra el cambio climático adolece de un problema que frena la acción internacional en muchos ámbitos: los países hacen promesas y fijan objetivos, pero luego no aportan financiación suficiente para hacerlos realidad.

Por eso no debe pasarse por alto una nueva iniciativa, conocida como la Iniciativa de Bridgetown (BI), presentada por el gobierno de Barbados. Se trata de un intento de diferenciar entre los distintos objetivos climáticos y de sugerir a continuación cómo puede financiarse el trabajo en pos de esos distintos objetivos. La motivación de esta iniciativa es que la financiación climática es a la vez escasa y cara, sobre todo para los países muy pobres.

La primera sugerencia de la BI, que de hecho fue adoptada por la cumbre del clima de las Naciones Unidas de 2022, fue la creación de un fondo de pérdidas y daños para ayudar a los países más vulnerables al clima y hacer frente a la justicia climática. La iniciativa fomenta la inclusión de una cláusula de catástrofe natural que estipularía la suspensión temporal del pago de intereses sobre la deuda del país afectado por el desastre climático. Esto proporcionaría liquidez a la nación afectada por el desastre.

Además, el dinero que una nación necesitaría para la reconstrucción no debería concederse en forma de préstamos, sino de subvenciones. El BI argumenta que, ante tales catástrofes naturales, la financiación mediante endeudamiento es inadecuada, ya que se sumaría a los montones de deuda de unos países que, por lo general, ya están muy endeudados. El BI sugiere incluso añadir una cláusula al fondo de pérdidas y daños por la que se conceda automáticamente una subvención si el fenómeno climático es responsable de una destrucción equivalente al 5% o más del PIB, evaluada por un organismo externo. El BI también recomienda que los fondos se recauden mediante una tasa a las empresas de combustibles fósiles vinculada a su contenido de carbono. Calcula que, sobre la base de los precios del petróleo y el gas anteriores al Covid-19, ese gravamen podría suponer una recaudación anual de 200.000 millones de dólares.

El BI también recomienda que los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) desempeñen un papel más importante en la financiación de la adaptación al cambio climático. El BI argumenta que los eventos relacionados con la adaptación climática son bastante difíciles de financiar de forma privada, lo que necesariamente deja un mayor papel a los gobiernos. Pero con los niveles de deuda ya elevados tras la pandemia, muchos países pobres carecen de espacio fiscal y se enfrentan a tipos de interés muy altos en los mercados. Ampliando el papel y la base de financiación de los BMD, los países pueden obtener préstamos a tipos inferiores a los del mercado.

Pero quizá la propuesta más interesante del BI sea la creación de un fondo para hacer frente a las oportunidades económicas que presenta la mitigación del cambio climático. El BI recomienda la creación de un Fondo Fiduciario Mundial para la Mitigación del Cambio Climático, dotado con 500.000 millones de dólares, destinado a financiar proyectos climáticos.

Dos aspectos de esta sugerencia son novedosos e interesantes. En primer lugar, la BI recomienda financiar el Fondo Mundial para la Mitigación del Cambio Climático con Derechos Especiales de Giro (DEG) no utilizados emitidos por el FMI. Los DEG son activos de reserva internacionales asignados a los miembros del FMI que permiten a cada miembro tomar prestado de las reservas del banco central del otro en caso de dificultades. Es importante destacar que los costes de los préstamos se mantienen muy por debajo del valor de mercado, actualmente en el 2,4%. Como los DEG se asignan en función del tamaño del país, son sobre todo los países grandes y ricos, que en realidad no los necesitan, los que poseen la mayor parte de ellos. La BI anima a los países a destinar parte de sus DEG no utilizados a este fondo, que luego puede utilizarse para apalancar financiación privada mediante préstamos baratos destinados a proyectos relacionados con el clima.

La segunda característica interesante es que estos préstamos serían los activos del fondo, pero no serían el pasivo de ningún país, y por tanto no se sumarían a la deuda de ningún país. Los préstamos serán el pasivo de los proyectos financiados y, por tanto, constituirán una especie de "tercera deuda". En este sentido, no es muy diferente del fondo NextGeneration EU que la Unión Europea creó durante la pandemia y que, al menos en su componente de subvención, se financia con deuda de la UE pero no cuenta como parte de la deuda de ningún país de la UE. Financiar proyectos sin tener que emitir nueva deuda es una propuesta atractiva para los países muy endeudados. Pero asegurarse de que un instrumento financiero de este tipo sea operativo requiere tanto una cuidadosa selección de proyectos como suficientes provisiones de garantías para cubrir los riesgos subyacentes.

La financiación de la lucha contra el cambio climático sigue siendo el principal problema por resolver. Las iniciativas innovadoras podrían ayudar a resolver el eterno problema de prometer demasiado y cumplir poco.

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