La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, debería documentarse antes de lanzar falsas acusaciones. La semana pasada calificó al presidente de Mercadona, Juan Roig, de ejercer "un capitalismo despiadado" y después de señalar que "los híper se hacen de oro". Se refiere al incremento del precio de los alimentos, que ronda en 15% en tasa interanual. La culpa no la tienen las grandes cadenas de hipermercados como Mercadona o Carrefour, a las que mencionó Belarra, sino la sequía y el alza de las materias primas, desde fertilizante a gasóleos, que se utilizan en los cultivos.
El margen que obtienen los hipermercados, según los datos facilitados por la patronal AECOC, ronda el 3%, uno de los más bajos de la industria. Su papel ha pasado de héroe a villano desde la pandemia a la actualidad. Belarra debería instar a su colega, el ministro de Agricultura, Luis Planas, a revisar la Ley de la Cadena de la Distribución para determinar en qué punto desde el productor al distribuidor final se genera el margen excesivo y proceder a eliminarlo.
Si la ministra quiere rebajar los precios, que presione Hacienda para que reduzca la fiscalidad de carnes y pescados, que representan el grueso de la cesta de la compra. El impacto en el ahorro de los españoles de las medidas anunciadas por el Gobierno se estima en poco más de 30 euros anuales, mientras que Hacienda cerró el pasado ejercicio con un excedente de recaudación superior a los 30.000 millones, que deja margen para ampliar el recorte del IVA.
Las empresas no pueden vender a pérdida. Si los precios suben, tendrán que trasladarlos al cliente. Pero es que, además, como informó esta semana elEconomista, más de la mitad de las ganancias de Mercadona obtenidas en los tres últimos años (1.124 millones) se repartió entre los trabajadores, mientras que la familia Roig se quedó con el 20% (402 millones). Para más Inri, Roig destina todo ese dinero a labores de mecenazgo. Los empleados de Mercadona cobran, además, por encima de la media del sector. Su sueldo subió el 6% el año pasado y lo hará el 5,7% este.
Es cierto, que Mercadona tuvo problemas con los interproveedores, como denunció Jordi Évole en La Sexta. Con una cuota de mercado del 27% en alimentación, una excesiva dependencia puede hundir las cuentas de cualquier proveedor cuando las ventas bajan o pierde su posición. El último caso es del grupo galletero Siro, al borde del concurso de acreedores. Roig dio un giro radical a su política de aprovisionamiento para evitar estos casos.
Los empresarios y los directivos son los que crean la riqueza, como le contestó el presidente de Mercadona. ¡Ojalá tuviéramos mil Roig! Todo iría bien. La mejor política social es la creación de empleo estable. Las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales generan incertidumbre y retraen las inversiones en lugar de atraerlas. Para Belarra, cuanto peor vaya la economía, mejor le va a ella, porque lo que prefiere redistribuir la miseria en vez de fomentar el bienestar.
El fundador de Podemos, Pablo Iglesias, y el ex secretario general y actual portavoz de la formación morada, Pablo Echenique, ya atacaron de manera despiadada a Amancio Ortega por donar equipos de diagnóstico y tratamiento contra el cáncer por más de 300 millones a la Sanidad pública. "Una democracia digna no acepta los donativos de los millonarios", señaló. Más de dos años después, los equipos de Ortega están infrautilizados y en algunos casos siguen aún sin desembalar en los hospitales, por la ineficiente gestión del Ministerio de Sanidad, que aún dirige Carolina Darias. ¿Por qué no hablan de eso ni Iglesias ni Belarra?
A falta de ideas para crear empleo y generar riqueza y ante la alarmante caída de la intención de voto en los sondeos, la izquierda coloca a los ricos y millonarios en su diana, para movilizar a su electorado. Empresarios y directivos con apellidos ilustres como el de la presidenta del Santander, Ana Botín, son objeto de insultos y chirigotas. "No es decente que Botín nade en billetes de 500 euros", le reprochó Belarra para defender la implantación de la renta mínima. Es triste que desde el poder político se persiga la riqueza.
El acoso a los ricos contagia al resto del Gobierno, aunque la vicepresidenta Nadia Calviño y los ministros Isabel Rodríguez y Félix Bolaños han marcado distancias en esta ocasión. La urgencia por vilipendiar al mundo del dinero llevó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a cometer errores de bulto en el Impuesto de Solidaridad, aprobado en el Congreso. La mayoría de los patrimonios superiores a 3,7 millones eludirán el abono del tributo. A los que paguen, el Estado les tendrá que reembolsar el dinero por su carácter inconstitucional, como ya le ocurrió al exministro Cristóbal Montoro con la aplicación del 720, puesto en marcha vía exprés para "cazar" fortunas en el extranjero.
La precipitación para recaudar de manera extraordinaria de rentas altas, bancos y eléctricas nos saldrá muy caro a todos. La banca prepara una avalancha de demandas porque gravar las comisiones y los intereses en un acto de doble imposición y de competencia desleal frente a las entidades extranjeras o las de menor tamaño, que quedan exentas.
La hoja de ruta para movilizar al votante de izquierdas se completará con la aprobación de topes para los alquileres y una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 8,5%, al igual que las pensiones.
La Ley de Vivienda entró esta semana en el Congreso. La intención del Gobierno es tenerla lista para este mismo mes de febrero. Un hito, si se tiene en cuenta falta dos textos legislativos y casi tres años hasta ahora. La normativa será un golpe para los propietarios de vivienda (otro ataque contra los que más tienen) porque reducirá, probablemente, de diez a cinco los inmuebles en propiedad para ser considerado gran tenedor y redefinirá el concepto de zonas tensionadas donde será obligatorio aplicar los topes a los alquileres. Sólo el proyecto ha disparado las ventas de vivienda.
En Cataluña, el plan de Colau para limitar los alquileres ya catapultó el 15% la venta de inmuebles ante la inseguridad jurídica que genera. Belarra, que es la interlocutora con la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, quiere prohibir los desahucios, sobre todo en casos de familias vulnerables y con hijos a cargo. ¿Por qué tiene tanta prisa el Gobierno para enmendar la ley?
Porque se cambiaría el documento aprobado por el Consejo de Ministros, de tal manera que se rebaje a seis meses el plazo para aplicar la regulación de alquileres, en lugar de los 18 previstos en el texto original. Así, la norma arrancaría en plena precampaña de las elecciones generales, previstas para diciembre. Además, llegaría a tiempo para utilizarlo en la campaña de las municipales y autonómicas.
El otro as que se guarda en la manga Podemos en la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) el 8,5%, hasta 1.082 euros. Otro golpe a la línea de flotación de la economía ahora que la creación de empleo se debilita y el paro retoma la senda alcista. La Encuesta de Población Activa (EPA) muestra que en el último trimestre la ocupación del sector privado bajó en 120.000 personas, mientras en la Administración subió 20.000 empleos, el motor del empleo.
Pero eso a Yolanda Díaz le importa un bledo. Su éxito no está en mejorar la marcha del país, sino en atraer a Belarra para su proyecto de Sumar. En la patronal, se espera que en cualquier momento les comuniquen por escrito la propuesta de subida del 8,5%, igual que las pensiones. Las relaciones entre el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con Díaz y con el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, están rotas desde que incrementó de manera unilateral las cotizaciones.
Díaz contará, eso sí, con el apoyo sindical, que curiosamente podría dar también el visto bueno al plan de Escrivá de alargar la vida laboral de 25 a 30 años ampliando el número de años que se pueda descartar para el cómputo por el beneficiario de la pensión, como pide Bruselas. De esta manera, el Gobierno mataría dos pájaros de un tiro, porque presumirá de subir el SMI y cerrar el pacto de pensiones con los sindicatos. Los empresarios se convertirían de nuevo en los chivos expiatorios del Gobierno. Así es el nuevo plan Robin Hood, para que los que "más tienen, aporten más", como diría Pedro Sánchez, aún a costa de espantar a los inversores nacionales y foráneos.
