La forma de legislar que ha impuesto Pedro Sánchez es lo más incorrecto que haya ocurrido nunca en nuestra democracia, cuyo nacimiento coincide con el de la Constitución que aprobamos los españoles en 1978.
La primera querencia de Sánchez consiste en abusar de las proposiciones de ley abandonando los proyectos de ley. El primer mecanismo, las proposiciones, está pensado para que lo usen los grupos parlamentarios de la oposición que quieran poner en marcha una ley y el segundo, los proyectos, es el que deben usar los gobiernos. La diferencia clave que hace al equipo de Sánchez optar por las proposiciones de ley es que estas no necesitan la emisión de informes preceptivos de otros órganos, como el Consejo de Estado. De esa manera, el Ejecutivo no precisa de ningún informe favorable sobre la ley en cuestión.
Ejemplos: la derogación del delito de sedición o la modificación de las penas para los delitos de malversación. Igual ocurrió con la eutanasia o las modificaciones de ley respecto al poder judicial. Todas se hicieron a través de proposiciones de ley desde los grupos parlamentarios socialista y Podemos, evitando hacerlo a través de proyectos de ley impulsados por el Gobierno.
Otro truco sistemático ha consistido en usar torticeramente el procedimiento de urgencia. Por medio de 38 procedimientos de urgencia el Gobierno ha aprobado modificaciones como la de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo o la denominada como ley trans. Estas aprobaciones suponen acortar a la mitad la tramitación ordinaria y únicamente están permitidas «previa declaración de su urgencia por razones justificadas y excepcionales». ¿Qué urgencia reclamaban estas leyes? Ninguna.
El otro método rápido es el decreto-ley. Pues bien, Sánchez ha hecho aprobar 135 decretos ley. Así ha evitado las tramitaciones parlamentarias para su aprobación, aunque el decreto-ley debe ser convalidado por el Parlamento, pero ya entra en vigor cuando el Gobierno lo publica en el BOE. Pedro Sánchez ha sido el presidente que más ha usado el decreto-ley.
Pero hay más trucos sanchistas: las enmiendas. Así, ha hecho aprobar dentro de otras leyes cambios legales que nada tenían que ver con las leyes enmendadas.
En palabras de la periodista Raquel Tejeiro,
"El ejemplo más claro y reciente de ello fue las enmiendas que versaban sobre los cambios en el sistema del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial y que fueron frenadas tras la petición del recurso de amparo del Partido Popular por el Tribunal Constitucional".
"A través de estos trucos, el Gobierno ha podido avanzar de manera más ágil en su agenda evitando así tramitaciones con mayor repercusión mediática y social y, sobre todo, eludiendo los informes que podrían haber advertido de la peligrosidad de muchas de estas aprobaciones".
En resumen: si alguien se ha estado riendo de las Cortes y de mecanismos como el Consejo de Estado, ese ha sido Pedro Sánchez y no el Tribunal Constitucional ni los partidos de la Oposición.
Para validar estas prácticas tramposas Sánchez ha contado siempre con el apoyo irrestricto de sus socios Frankenstein, los separatistas catalanes y vascos, que odian a España y a nuestra democracia. Pero uno tiene la sensación de que tantos dislates tendrán un alto coste en las urnas.
