El Gobierno presenta una tercera batería de medidas anti-inflación con una clara diferencia respecto a las anteriores. Los doce capítulos del nuevo plan de choque tendrán un coste de 10.000 millones, frente a los 35.000 millones acumulados por sus predecesores, si bien la comparativa debe matizarse considerando que los 10.000 millones se desembolsarán en un periodo menor (seis meses). Esa reducción se debe a decisiones como limitar el alcance de ayudas hasta ahora universales, como la bonificación para los carburantes a los sectores profesionales afectados por el encarecimiento de combustibles. Otra restricción se aplica al cheque familiar de 200 euros, acotado a familias con ingresos inferiores a 27.000 euros. La reducción del IVA alimentario, por su parte, afecta solo a los productos gravados con el tipo superreducido del 4% y una pequeña parte de los que tributan al 10%. Este límite no implica que el plan de choque vea mermada su efectividad ante la inflación. Lo que se perderá con el encarecimiento del combustible se compensará con el abaratamiento de los alimentos, la rúbrica que, con diferencia, más pondera ( el 23%) en el IPC. Sin duda, el plan de choque también presenta puntos cuestionables. Nadie puede dudar de que Podemos se apunta un tanto con la prórroga de la congelación de alquileres durante seis meses con la inseguridad jurídica que ello implica para el mercado. Es llamativa también la ausencia de medidas específicas para empresas y autónomos. Con todo, pese a estas deficiencias, debe reconocerse que las líneas generales del plan se ajustan a las demandas de la UE y es prudente considerando el modo en que el PIB desacelerará en 2023 y el efecto que esa ralentización tendrá en las expectativas de recaudación.
