La suspensión de las dos enmiendas que modificaban las mayorías en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) debe entenderse como una llamada a Gobierno y Oposición para que dejen de parasitar las instituciones del Poder Judicial, que son el contrapeso para que Ejecutivo y Legislativo actúen de acuerdo a la Ley y dentro de los cauces democráticos.
Sin embargo, la actual concepción partidista es la de colonizar todas las instituciones, desde las universidades públicas al Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas o el Banco de España, entre otras muchas. Los Gobiernos han ido escalando un control que les hace más fácil alcanzar sus objetivos. El problema es que en las últimas legislaturas se sigue una senda de incumplimiento de la ley y se buscan atajos legislativos, evitando el debate parlamentario y las consultas a los órganos consultivos, mediante Decretos-ley o proposiciones legislativas. Los límites de estos comportamiento solo pueden ser controlados por el TC, que viene denunciando que esta es una forma de legislar con la que sufre la seguridad jurídica al eliminar los controles sobre la actividad parlamentaria. Y dicha seguridad jurídica es la mejor tarjeta para que los inversores nacionales y extranjeros encuentren atractivo en las oportunidades económicas que surgen en el país.
Legislar mediante Decretos-ley eleva la inseguridad jurídica y ahuyenta las inversiones nacionales y extranjeras
La elusión de los principios democráticos de deliberación, consenso, confrontación de pareceres y participación social empobrece la democracia y, con ella, la igualdad de oportunidades, la transparencia y la calidad técnica de las normas. Esta dinámica está llevando a Sánchez a legislar, improvisando normas con fines electorales y para consolidarse en el poder.
