El texto de la nueva Ley de Empleo incorpora una enmienda de Eh-Bildu pactada con el Gobierno para que la Inspección de Trabajo pueda "pronunciarse" sobre las causas de los despidos colectivos.
De salir adelante, esta normativa no implica recuperar la autorización administrativa que era necesaria hasta 2012 para ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Pero es evidente que sí que dificulta estos ajustes en las plantillas de las empresas al reforzar el control de Trabajo sobre las razones que llevan a un negocio a ejecutarlos. Detrás de esta medida se encuentra, sin duda alguna, el interés de la vicepresidenta Yolanda Díaz por recuperar la prohibición de hacer despidos objetivos que ya aplicó durante la pandemia del coronavirus y que ella misma propuso volver a imponer en el arranque del año. Esta rigidez del mercado laboral ya se demostró errónea entonces, al condenar a muchas pequeñas empresas a su desaparición al eliminar un recurso vital para su supervivencia. Por ello, dificultar los EREs en un momento como el actual sería contraproducente ya que tendría el mismo efecto negativo en las compañías e impulsaría la destrucción de empleo. Pero es que la enmienda que se presenta sin pasar por el necesario diálogo social y rompiendo el consenso alcanzado para la reforma laboral, como denuncia la CEOE, despierta además serias dudas por sus consecuencias judiciales.
Trabajo y Bildu disparan aún más la inseguridad jurídica de las empresas en un momento crucial para el empleo
No en vano el informe de los inspectores sobre las causas del despido puede contradecir las decisiones judiciales, que tienen en cuenta más elementos. Ese escenario aboca a una escalada de la litigiosidad, hasta que se pronuncie el Supremo, que disparará la inseguridad jurídica de las empresas.
