¡Ay, Portugal, por qué te quiero tanto! Este estribillo de la popular "Estudiantina Portuguesa" es hoy lema y referente de un gran número de empresarios, inversores y ciudadanos de a pie, españoles y del resto de Europa, atraídos por su política de rebajas fiscales, la sólida recuperación de su economía y las garantías de seguridad jurídica que ofrecen su estabilidad política y la solvencia del gobierno socialdemócrata del primer ministro Antonio Costa.
Recientes informes estiman en 15.500 los españoles que desde el final de la pandemia se han domiciliado en Portugal, país en el que la inversión extranjera alcanzó un máximo histórico de 2.700 millones de euros en 2021, cantidad que duplica a la más elevada que se había registrado hasta ahora y supera en un 229% el récord de 2019. Un nivel que solo puede calificarse como espectacular para un país con su dimensión y que es consecuencia de las ventajas fiscales aprobadas a finales de diciembre por el Gobierno de Lisboa, precisamente para acelerar la captación de fondos e iniciativas.
Una política que ha recibido el espaldarazo del Fondo Monetario Internacional reconociendo por escrito, que el Gobierno luso va a conseguir acabar con menos deuda pública que España en 2023, un 111,2% de los lusos frente al 112,1% que los economistas del FMI han actualizado para el caso español. Pero lo más significativo de este dato es la constatación de una tendencia porque desde el año que viene hasta 2027 la deuda del país vecino siempre estará por debajo de la nuestra.
Rebaja del endeudamiento que se acompaña de unos Presupuestos para 2023 realistas y ajustados con un crecimiento previsto del 1,3%, una tasa de inflación de solo el 4% y una caída del déficit de un punto, hasta el 0,9%. Y este sorpasso no es fruto de la casualidad, sino el resultado de las políticas de Estado que lleva impulsando António Costa desde que llegó al poder, en 2015.
Portugal no tiene impuesto sobre el patrimonio ni impuesto sobre sucesiones y donaciones entre padres e hijos. Desde el año 2009 existe en el ordenamiento jurídico portugués un régimen especial para los contribuyentes recién llegados al país, denominado 'residentes no habituales'. Y las personas acogidas a este régimen especial tienen un doble beneficio: por un lado, no tienen que pagar por lo generado en el extranjero y, por otro, cuentan con un tipo fijo de gravamen del 20% para la mayor parte de sus rentas del trabajo generadas desde Portugal. Además, las pensiones de jubilación de origen extranjero o bien tributan a un tipo muy bajo o están exentas.
Además, los ingresos generados por la compraventa de criptomonedas solo tributan en Portugal si estas operaciones se realizan de forma habitual y, por lo tanto, constituyen una actividad profesional o empresarial por parte del contribuyente.
También ha conseguido Antonio Costa cerrar un acuerdo salarial a tres bandas, tras ofrecer rebajas fiscales tanto a empresas como a trabajadores, que recoge una subida de los salarios del sector privado del 5,1% y del 4,3% para el sector público, con incrementos posteriores hasta 2026 en que se alcanzará una subida del 20%, es decir, del entorno del 5% anual. Para motivar a las empresas a aceptar estas subidas, el Gobierno de Lisboa otorgará beneficios fiscales al sector privado, especialmente en inversiones en investigación y desarrollo, además de incentivos para reforzar sus posiciones de capital.
Estos son los resultados y estas son también las diferencias que se producen por la aplicación de unas medidas de política económica de corte liberal y socialdemócrata como la que desarrolla Antonio Costa, sin comunistas en el Gobierno ni socios parlamentarios independentistas, frente al sanchismo personalista, populista, frentista, desnortado y revanchista que impera aquí en España.
Rememorando esa especie de lema de resignación que se escuchaba cuando las cosas se ponían difíciles a este lado de la "raya ibérica", sólo nos queda repetir eso de "menos mal que nos queda Portugal".
