La fiscalidad no tiene que ser ideológica. Con estas palabras iniciaba el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y vicepresidente de CEOE, Iñigo Fernández de Mesa, su reflexión sobre las últimas medidas fiscales del Gobierno, para explicar después que la finalidad de la política fiscal debe ser mejorar los servicios públicos progresando en la eficiencia del gasto. Algo que parece obvio, para todos menos para el sanchismo gobernante, y que como apostillaba el que fuera secretario de Estado de Economía, exige "eliminar mucha grasa". Término este que se puede traducir como reducir el mayor gobierno de la historia con ministerios tan inoperantes como innecesarios, dirigidos por ministros incompetentes, y con el mayor número de asesores enchufados de la historia.
"Va todo en la dirección contraria a donde debería ir", apostillaba Iñigo Fernández de Mesa durante su intervención en un desayuno organizado por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Un contrasentido que se manifiesta especialmente en el proyecto de ley de Presupuestos que en lugar de aprovechar el exceso de la recaudación impositiva para combatir la inflación y mejorar la competitividad y la productividad de la economía española se utilizan para engordar el aparato administrativo del Estado, y para pagar las campañas de propaganda del Ejecutivo, además del clientelismo y la campaña electoral de Sánchez a través de promesas incumplidas, limosnas y subvenciones para comprar votos.
El mismo Gobierno que sube los sueldos de todos sus miembros, desde el Presidente hasta el último de los secretarios de Estado y asimilados un 4% -por encima incluso de lo que se sube a los empleados públicos- cuando se pide un pacto de rentas al sector privado, y mientras se niega a deflactar la tarifa del IRPF o rebajar el IVA de los alimentos básicos al tipo superreducido, pero si lo hace para los productos de higiene femenina o los preservativos y recomienda dormir en invierno con un "edredón más fuerte. Esas son sus recetas y sus prioridades.
Un show este de los presupuestos y de los impuestos ideológicos que se adereza con el impuesto extraordinario a las eléctricas y a los bancos, con el llamado impuesto a las grandes fortunas mientras exige de pagar el Patrimonio a los oligarcas rusos y a los extranjeros que invierten en inmuebles en España a través de sociedades, y con una subida de las cotizaciones sociales manu militari que muchos autónomos y pymes no van a poder asumir y cuando la empresa española paga ocho puntos más en este impuesto al trabajo que la media de la UE.
Un despropósito ideológico que tiene un precio en términos de caída del empleo y la inversión en un país con 3,4 millones de parados reales, que tiene la mayor tasa de desempleo de la OCDE y duplica la media de la UE, donde las empresas se encuentran asfixiadas por un aumento de los costes energéticos, laborales y de producción que no pueden repercutir en precios, cuando todos los expertos nacionales e internacionales apuntan que el crecimiento de la economía apenas estará en torno al 1% en 2023 siendo ese 1% el límite donde se empieza a destruir empleo y en puertas de una recesión en Europa que ineludiblemente arrastra también a España, sobre todo teniendo en cuenta que el 62,2% de todas nuestras exportaciones se dirigen a los mercados de la UE.
Este es el escenario al que si Dios no lo remedia -y ya no creo en los milagros- nos abocan una política económica inconveniente e incoherente y unos Presupuestos electoralistas, insolidarios y engañosos. Y este es también el sentido social del Gobierno y su forma de proteger a las clases medias y trabajadoras de las que tanto habla el Presidente para después hundirlas con sus hechos.
