En los últimos tiempos se ha creado en España un auténtico esperpento en torno a la renovación de los órganos judiciales, y es preciso tener en cuenta que los procesos de destrucción de las democracias representativas comienzan por la demolición de la división de poderes. Y el primer paso consiste en destrozar la creencia de la sociedad en la independencia del poder judicial.
En palabras de Ignacio Varela, "el espectáculo viene siendo tan pornográfico que ni siquiera es necesario descodificarlo políticamente, porque todas las miserias del combate han quedado expuestas sin asomo de pudor. El asalto partidista al sistema judicial se ha convertido en el sueño del Gobierno y, en parte, también de la oposición, dispuestos a saltar cualquier barrera -incluidos los principios constitucionales- por conquistar la colina".
Pero detrás de este engendro está otro poder del Estado, el Poder Legislativo, en cuyas decisiones no debería pintar nada el Gobierno, que se viene erigiendo ilegítimamente en parte negociadora en un asunto que compete exclusivamente al legislativo y no al Gobierno ni al PP.
El Gobierno de Sánchez se sacó de la manga una legislación que eliminó -una vez que el CGPJ quedó en funciones- la capacidad de éste para nombrar a los jueces del Tribunal Supremo, pero Sánchez exige ahora a ese mismo CGPJ que nombre a dos miembros del Tribunal Constitucional. Lo cual demuestra que lo único que quiere Sánchez es colocar a su favor, con Conde Pumpido al frente, al Tribunal Constitucional para que éste no ponga trabas a la alianza política que lo sostiene en el poder. Si para ello tiene que conducir hacia el colapso al sistema judicial, como está a punto de suceder, a él no le importa. Junqueras debe gozar viendo cómo se desguaza y humilla al Tribunal Supremo que con tanta razón lo condenó y lo mandó a la cárcel.
A este propósito, escuchemos a Carlos Lesmes:
"Me opongo a que esta institución [el CGPJ] se declare en rebeldía en relación con la Constitución y con la ley".
El hecho de que sea necesario formular esta declaración muestra el nivel de degradación a que se ha llegado.
Pero lo que Lesmes omitió es que es el Parlamento español quien lleva cuatro años en rebeldía constitucional, pues su dependencia de los partidos es una tara anticonstitucional.
Y uno se pregunta: ¿Cómo es posible que tengamos dos presidentes, la del Congreso (Meritxel Batet) y el del Senado (Ander Gil) que sean incapaces de ponerse firmes y de cumplir con sus deberes constitucionales? ¡Miserables esclavos a las órdenes de Sánchez! Y es que los destrozos que Sánchez y los suyos están haciendo al Poder Legislativo son ya enormes. Abusando, por ejemplo, no sólo de los decretos ley sino también usando las proposiciones de ley, que enseguida son bendecidas y logran su reflejo inmediato en el BOE. Recordemos que la utilización de estas iniciativas legislativas evita el meditado estudio que sí está previsto para la tramitación de los proyectos de ley procedentes del Gobierno: dictámenes preceptivos del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y otros órganos consultivos, así como la participación de los grupos de interesados (sindicatos, empresarios, asociaciones). La mala fe y el desprecio por los órganos consultivos están inscritos en el ADN político de Sánchez y de sus mariachis.
