España ha pasado en un año de tener los precios de la cesta de la compra más bajos entre las grandes potencias europeas a colocarse en posiciones de cabeza.
Así lo estima Eurostat, que desvela un encarecimiento del 14% frente a lo que nuestro país mostraba en 2021. A pesar de ello, la rentabilidad media de la gran distribución española apenas supera el 3%. Queda así patente que los supermercados no están aprovechando la inflación récord para aumentar los precios y, con ello, sus beneficios. El bajo porcentaje de ganancias también deja sin argumentos a la vicepresidenta Yolanda Díaz que pretende forzar al sector a un tope de precios en los alimentos "a costa de sus márgenes". La medida no solo sería contraproducente para las grandes cadenas y para el pequeño comercio, que tiene retornos aún más ajustados. También supondría un gran perjuicio para el consumidor, ya que al negarse muchos productores a trabajar a pérdidas se generaría escasez en los lineales, lo que aumentaría el diferencial de más de cuatro puntos que los precios de la alimentación presentan en España frente a otros países europeos. La causa de esta brecha reside en el injustificable reparto de márgenes que existe, que tiene como beneficiarios a los intermediarios al tiempo que perjudica al campo y a los consumidores. Es preciso, por tanto, que el Ministerio de Agricultura redoble la supervisión del cumplimiento del reglamento incluido en la ley de la cadena alimentaria para evitar estos desequilibrios.
El injustificable reparto de márgenes en el sector encarece la cesta de la compra y perjudica al consumidor
Solo vigilando el proceso completo de producción de los alimentos, y no imponiendo topes, se evitará ahogar a los productores y se eliminarán las diferencias en los precios alimentarios de España frente a Europa, que castigan los maltrechos presupuestos familiares.
